La empresa de seguridad privada Global Control, que tiene su sede en Finestrat, ingresará 200.000 euros para liquidar las nóminas de los trabajadores pendientes del mes de enero, aunque es posible que quede algo de remanente para efectuar pago correspondientes al mes de febrero. Esa es la conclusión que se desprende de la reunión mantenida durante el mediodía de ayer por los directivos de la empresa y los tres representantes sindicales de los empleados por la mercantil.
No obstante, la medida tiene carácter poco más que de parche, ya que esta cifra solamente permitiría hacer frente a los pagos pendientes del mes de enero y parte del de febrero, aunque la empresa adeuda a sus trabajadores las mensualidades de estos dos meses mas el de diciembre, además de la paga extra de Navidad.
Los cerca de 200 empleados que secundan la medida de presión del encierro para lograr que la empresa liquide las nóminas pendientes continuarán con el mismo hasta que la empresa liquide su deuda con ellos. Entre ellos se hallan afectados por los impagos el personal de seguridad -que es el grueso de la plantilla-, el de administración, el que controla la central de alarmas e incluso el personal que lleva a cabo el servicio de limpieza y mantenimiento.
El representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) en el comité de empresa de Global Control, Rafael Zapaté, aseguró ayer a LAS PROVINCIAS que "estamos esperando a que ingresen la cantidad para repartirla entre los trabajadores", después de haber dado un "voto de confianza" a la dirección, que les afirmó que "el problema tiene dos formas de solucionarse", aunque no revelaron a los delegados sindicales las medidas concretas para ello.
Las esperanzas de los trabajadores están puestas en que el ingreso que prometió ayer la empresa llegue cuanto antes -podría ser en la mañana de hoy-, puesto que después de tres meses sin cobrar, su situación económica empieza a causarles serios problemas.
No en vano, muchos de ellos deben poner dinero de su bolsillo para costearse la gasolina y acudir a trabajar, puesto que los empleados de Global Control, a pesar del encierro, continúan asistiendo a sus puestos de trabajo-relevándose por turnos para continuar con el encierro-. La perspectiva de no acudir a trabajar y ser despedido procedentemente pesa más que el esfuerzo para lograr el pago de las nóminas atrasadas.
Según Zapaté, la última situación de impago se debe a que la semana pasada "la empresa amplió capital, aunque uno de las participantes se retiró y no la pudieron hacer". Por ello, "no pudieron cumplir el compromiso" de liquidar la deuda el 28 de febrero, hecho que, unido a la reiteración en el incumplimiento de los plazos por parte de la mercantil de seguridad, detonó el encierro de los empleados.
96 horas de encierro
Hoy se cumple el cuarto día de encierro de los trabajadores de la empresa de seguridad privada Global Control. Algunos de ellos llevan casi 96 horas de encierro en la sede de Global Control, en el polígono industrial de Finestrat. Afirman que se trata de una medida que viene precedida por un año de incumplimiento de pagos por parte de la empresa, a pesar de lo cuál no han dejado de cumplir con su trabajo. Por ello, piden lo que han ganado con su esfuerzo, ni más, ni menos.
Fuente; las provincias.
viernes 6 de marzo de 2009
martes 24 de febrero de 2009
Unos 4.000 vigilantes cortan el tráfico en Atocha para pedir un nuevo convenio
Unos 4.000 vigilantes cortan el tráfico en Atocha para pedir un nuevo convenio y denunciar el intrusismo que padecen
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Vigilantes de seguridad privada han cortado esta tarde al tráfico la glorieta de la Carlos V, en las confluencias de la calle Atocha y Paseo del Prado, en una manifestación en la que se han reunido unas 4.000 personas, según los convocantes, para exigir a la patronal un nuevo convenio laboral y denunciar el intrusismo ilegal en organismos oficiales y aeropuertos.
Las marchas de los agentes de seguridad privada se están produciendo simultáneamente en varias ciudades de España, convocadas por Unión General de Trabajadores, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la Unión Sindical Obrera.
El responsable sectorial de Seguridad de UGT Madrid, Rafael Saldaña, explicó a Europa Press que con esta movilización muestran su oposición al "bloqueo" de la negociación colectiva planteada por la patronal desde que terminó el convenio laboral el pasado 31 de diciembre, "que deja en una situación de indefensión a los 100.000 trabajadores del sector en toda España, 25.000 de ellos en la Comunidad de Madrid".
"Hablamos de un colectivo que cobra 900 euros por 40 horas y que hace muchas horas extras. Queremos un recorte de la jornada y una adecuación de las leyes para trabajos por turnos. La patronal quiere ahora congelarnos el sueldo alegando que hay crisis y a futuras sentencias, que les van a condenar a pagar grandes cantidades por no reconocer horas extraordinarias", señaló Saldaña.
En la Comunidad de Madrid trabajan 25.000 vigilantes de seguridad privada, la mayoría en el Metro, Cercanías de Renfe, en el aeropuerto de Barajas, instituciones públicas, Ministerios, oficinas bancarias y centros comerciales. Un total de 300 empresas de toda España proveen de vigilantes de seguridad a estos centros. Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Española de Vigilantes de Seguridad, Juan Rojas, criticó la situación de "intrusismo" se repite en aeropuertos, organismos oficiales de las comunidades autónomas, centros comerciales y tiendas.
"Hay tres intrusos por cada vigilante de seguridad inactivo", dijo Rojas esta mañana en declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press. Los "intrusos" son personas "sin titulación del Ministerio del Interior" que ejercen como vigilantes, y acusó que "en las empresas en que más intrusos hay es en las dos más fuertes, Prosegur y Securitas".
Rojas explicó que este tipo de "intrusos" registran bolsos y piden el carnet a los ciudadanos cuando ello es "ilegal". Puntualizó que en el aeropuerto, por ejemplo, sólo están en regla los agentes "sentados en el scanner", y que el resto son auxiliares. "No todo el que lleva uniforme es un vigilante", añadió, y explicó que quienes los son "deben llevar su placa en el pecho".
En relación a la posible solución de la situación, Rojas señaló que los ciudadanos "pueden y deben" pedir la placa o acreditación de un uniformado de una empresa de seguridad, quien "tiene la obligación" de enseñarla.
Finalmente, señaló como responsables a la policía que "permite que trabajen sin placa", a las empresas, y al Ministerio del Interior "que no hace cumplir sus propias leyes".
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Vigilantes de seguridad privada han cortado esta tarde al tráfico la glorieta de la Carlos V, en las confluencias de la calle Atocha y Paseo del Prado, en una manifestación en la que se han reunido unas 4.000 personas, según los convocantes, para exigir a la patronal un nuevo convenio laboral y denunciar el intrusismo ilegal en organismos oficiales y aeropuertos.
Las marchas de los agentes de seguridad privada se están produciendo simultáneamente en varias ciudades de España, convocadas por Unión General de Trabajadores, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la Unión Sindical Obrera.
El responsable sectorial de Seguridad de UGT Madrid, Rafael Saldaña, explicó a Europa Press que con esta movilización muestran su oposición al "bloqueo" de la negociación colectiva planteada por la patronal desde que terminó el convenio laboral el pasado 31 de diciembre, "que deja en una situación de indefensión a los 100.000 trabajadores del sector en toda España, 25.000 de ellos en la Comunidad de Madrid".
"Hablamos de un colectivo que cobra 900 euros por 40 horas y que hace muchas horas extras. Queremos un recorte de la jornada y una adecuación de las leyes para trabajos por turnos. La patronal quiere ahora congelarnos el sueldo alegando que hay crisis y a futuras sentencias, que les van a condenar a pagar grandes cantidades por no reconocer horas extraordinarias", señaló Saldaña.
En la Comunidad de Madrid trabajan 25.000 vigilantes de seguridad privada, la mayoría en el Metro, Cercanías de Renfe, en el aeropuerto de Barajas, instituciones públicas, Ministerios, oficinas bancarias y centros comerciales. Un total de 300 empresas de toda España proveen de vigilantes de seguridad a estos centros. Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Española de Vigilantes de Seguridad, Juan Rojas, criticó la situación de "intrusismo" se repite en aeropuertos, organismos oficiales de las comunidades autónomas, centros comerciales y tiendas.
"Hay tres intrusos por cada vigilante de seguridad inactivo", dijo Rojas esta mañana en declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press. Los "intrusos" son personas "sin titulación del Ministerio del Interior" que ejercen como vigilantes, y acusó que "en las empresas en que más intrusos hay es en las dos más fuertes, Prosegur y Securitas".
Rojas explicó que este tipo de "intrusos" registran bolsos y piden el carnet a los ciudadanos cuando ello es "ilegal". Puntualizó que en el aeropuerto, por ejemplo, sólo están en regla los agentes "sentados en el scanner", y que el resto son auxiliares. "No todo el que lleva uniforme es un vigilante", añadió, y explicó que quienes los son "deben llevar su placa en el pecho".
En relación a la posible solución de la situación, Rojas señaló que los ciudadanos "pueden y deben" pedir la placa o acreditación de un uniformado de una empresa de seguridad, quien "tiene la obligación" de enseñarla.
Finalmente, señaló como responsables a la policía que "permite que trabajen sin placa", a las empresas, y al Ministerio del Interior "que no hace cumplir sus propias leyes".
jueves 5 de febrero de 2009
La concentración tendrá lugar en la localidad de Madrid, el día 24 de febrero de 2009, desde las 16:00 horas
La concentración tendrá lugar en la localidad de Madrid, el día 24 de febrero de 2009, desde las 16:00 horas
Las siguientes personas en nombre y representación de sus respectivas Organizaciones Sindicales:
Rafael Saldaña Erustes por Unión General de Trabajadores (FES-UGT)
Fco. Javier Torrejón Martín por Comisiones Obreras (AA.DD.-CC.OO.)
Fernando Lago Moya por Unión Sindical Obrera (FTSP –USO)
EXPONEN
Que por medio del presente escrito y en el ejercicio de los derechos reconocidos en el Art. 21 de la Constitución Española y la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, vengo a comunicar a esa Delegación de Gobierno la decisión de celebrar una concentración, con arreglo a las siguientes características:
1º Como organizador de la concentración ha de considerarse al conjunto de sindicatos que a continuación se indica: FES-UGT, AA.DD.-CC.OO., y FTSP-USO.
2º La concentración tendrá lugar en la localidad de Madrid, el día 24 de febrero de 2009, desde las 16:00 horas, con una duración prevista de tres horas.
3º El objeto de la concentración consiste en mostrar la disconformidad de los Sindicatos indicados y de todos los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado que prestan su servicio como Vigilantes de Seguridad, con la Patronal por la negativa de esta a negociar una subida digna en el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada que agrupa actualmente a más de 120.000 trabajadores y la situación de crisis que sufre este colectivo, la indefinición existente sobre su futuro y el deterioro del servicio público que debemos prestar a la sociedad.
Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que tal situación constituye un supuesto grave y extraordinario que impide la demora de la concentración más allá de la fecha señalada.
4º La concentración comenzará, desde las 16:00 hs. en la plaza de Carlos V, entre la estación de Atocha y la confluencia con el Ministerio de Agricultura.
Finalizará aproximadamente a las 19:00 hs.
5º Como medida de seguridad se establecerá un servicio de orden, convenientemente identificado. Asimismo y al objeto de garantizar su normal desarrollo, la concentración estará encabezada por los miembros dirigentes de la Ejecutiva de cada uno de los Sindicatos convocantes.
Por todo lo aquí expuesto,
SOLICITAN
Que se tenga por presentado este escrito y, en consecuencia, por comunicada la convocatoria de concentración en los términos antedichos, y, asimismo, que por la autoridad gubernativa se provean las medidas de seguridad apropiadas para permitir el pacífico desarrollo de este derecho constitucional.
Las siguientes personas en nombre y representación de sus respectivas Organizaciones Sindicales:
Rafael Saldaña Erustes por Unión General de Trabajadores (FES-UGT)
Fco. Javier Torrejón Martín por Comisiones Obreras (AA.DD.-CC.OO.)
Fernando Lago Moya por Unión Sindical Obrera (FTSP –USO)
EXPONEN
Que por medio del presente escrito y en el ejercicio de los derechos reconocidos en el Art. 21 de la Constitución Española y la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, vengo a comunicar a esa Delegación de Gobierno la decisión de celebrar una concentración, con arreglo a las siguientes características:
1º Como organizador de la concentración ha de considerarse al conjunto de sindicatos que a continuación se indica: FES-UGT, AA.DD.-CC.OO., y FTSP-USO.
2º La concentración tendrá lugar en la localidad de Madrid, el día 24 de febrero de 2009, desde las 16:00 horas, con una duración prevista de tres horas.
3º El objeto de la concentración consiste en mostrar la disconformidad de los Sindicatos indicados y de todos los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado que prestan su servicio como Vigilantes de Seguridad, con la Patronal por la negativa de esta a negociar una subida digna en el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada que agrupa actualmente a más de 120.000 trabajadores y la situación de crisis que sufre este colectivo, la indefinición existente sobre su futuro y el deterioro del servicio público que debemos prestar a la sociedad.
Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que tal situación constituye un supuesto grave y extraordinario que impide la demora de la concentración más allá de la fecha señalada.
4º La concentración comenzará, desde las 16:00 hs. en la plaza de Carlos V, entre la estación de Atocha y la confluencia con el Ministerio de Agricultura.
Finalizará aproximadamente a las 19:00 hs.
5º Como medida de seguridad se establecerá un servicio de orden, convenientemente identificado. Asimismo y al objeto de garantizar su normal desarrollo, la concentración estará encabezada por los miembros dirigentes de la Ejecutiva de cada uno de los Sindicatos convocantes.
Por todo lo aquí expuesto,
SOLICITAN
Que se tenga por presentado este escrito y, en consecuencia, por comunicada la convocatoria de concentración en los términos antedichos, y, asimismo, que por la autoridad gubernativa se provean las medidas de seguridad apropiadas para permitir el pacífico desarrollo de este derecho constitucional.
Una empresa vinculada a la ultraderecha vigilará monumentos de la Generalitat
Una empresa de seguridad propiedad del político ultraderechista valenciano José Luis Roberto será, desde mañana, la encargada de vigilar varios recintos dependientes del Departamento de Cultura de la Generalitat en Tarragona. Levantina de Seguridad, una compañía con varios trabajadores condenados por agresiones en Valencia y Castellón, y cuyo propietario es fundador del partido ultraderechista España 2000, desplegará a sus agentes de seguridad en monumentos emblemáticos como el castillo de Miravet, la cartuja de Scaladei y el castillo de Escornalbou.
* Decenas de juicios por agresiones
Cultura asegura que Levantina de Seguridad cumple la normativa
El Departamento de Cultura de la Generalitat, en manos del republicano Joan Manuel Tresserras, justifica la contratación de esta empresa porque, según un portavoz, "cumple todos los requisitos legales" y, añade, "fue la única que se presentó al concurso de proceso negociado".
La concesión del servicio a esta compañía ha causado gran malestar en varios colectivos de Tarragona conocedores del estilo que utilizan los guardas de Levantina de Seguridad en la Comunidad Valenciana, donde está la sede de la compañía. Los agentes de Levantina de Seguridad, en muchos casos ex policías nacionales y ex guardias civiles, están especializados en la vigilancia y control de acceso en locales nocturnos y han estado en el epicentro de numerosísimas polémicas en la Comunidad Valenciana por la agresividad de algunos de sus agentes. Varios de ellos han sido condenados.
La estética de los vigilantes, más próxima a un grupo paramilitar que a un guarda de seguridad, caracteriza a los agentes de Levantina de Seguridad. También sus tatuajes y la simbología que lucen en sus atuendos, que en algunos casos recuerda a motivos neonazis.
Preguntado por EL PAÍS, el Departamento de Cultura quitó hierro a la contrata. Un portavoz explicó que este departamento no ha hecho más que seguir el protocolo. Éste consiste en que, cuando necesitan empresas de seguridad, acuden al registro de empresas homologadas por la Generalitat y por Economía. "En este caso había cuatro posibles empresas en la provincia de Tarragona que podían optar al concurso, pero sólo lo hizo Levantina de Seguridad", aseguró. El mismo portavoz dijo desconocer si Levantina de Seguridad o sus agentes tienen condenas por agresiones.
Cultura también recordó que la filiación partidista de los propietarios de las empresas contratistas no influye en los concursos. El portavoz no pudo concretar si es impedimento para formar parte del registro de la Generalitat el hecho de tener condenas por agresión. Levantina de Servicios, recordó, también forma parte de las empresas homologadas por el Ministerio de Interior para ejercer tareas de seguridad privada.
España 2000, fundado por el propietario de Levantina de Seguridad, tiene contactos en Cataluña con el partido ultramontano de Josep Anglada, Plataforma per Catalunya. España 2000 logró en las últimas elecciones municipales dos concejales en las provincias de Castellón y Valencia y un total de 5.893 sufragios.
Decenas de juicios por agresiones
Algunos le llaman Roberto el ultra . Es el líder de Levantina de Seguridad, la empresa ahora contratada por la Generalitat. Pero lo es también de Anela, la asociación de empresarios de locales de alterne, y de España 2000, una asociación registrada primero como sindicato y, después, como partido que se define como "populista, social y democrático".
Es dueño del despacho de abogados Roberto & Salazar, con sedes en Madrid, Barcelona, A Coruña y Valencia. A él se vinculan varios gimnasios, alguno de ellos investigados por organizar campeonatos ilegales de valetudo (un tipo de lucha). Roberto fue detenido durante la transición por la colocación de dos bombas en unos encuentros independentistas, hechos por los que nunca fue condenado. Ha sido acusado por diversos sectores de fundar y financiar los grupos Acción Radical (activo entre 1990 y 1995) y Frente Antisistema (FAS), aunque no ha sido juzgado ni condenado por ello. Ahora, a él se vincula Alianza Nacional.
SOS Racismo presentó denuncias contra el entramado de Roberto por entender que incitaba a un odio racial, a la violencia y la discriminación, permitiendo que en sus manifestaciones sean coreados lemas xenófobos y racistas, así como vivas a Hitler.
¿Cuál es el eje de su discurso? La inmigración ilegal. ¿Quién les respalda? Jóvenes. de entre 18 y 40 años, más allá de lo conservador, con estética claramente inspirada en los movimientos nazis, militantes de los gimnasios y acostumbrados a ejercer tareas de seguridad en locales de copas, de alterne, en fiestas, en discotecas. José Luis Roberto, abogado, tiene una amplia trayectoria de vinculación a la ultraderecha. España 2000 se ha convertido en el instrumento político para entrar en las esferas de poder político, afirma la oposición.
Levantina de Seguridad ha estado implicada en decenas de juicios por agresiones en locales de copas de los que se ocupa supuestamente de la seguridad. Varios de sus vigilantes han sido condenados, casi siempre por lesiones. En 2002, por ejemplo, uno de sus guardias fue condenado por herir a dos jóvenes en una discusión en el aparcamiento en la discoteca Pinedo de Valencia. En el año 2001, la empresa ya acumulaba más de 200 denuncias por agresiones y se había convertido en una habitual de los juzgados de la Comunidad Valenciana. Aquel ejercicio dos de sus trabajadores fueron condenados a 18 meses por lesiones.
En 2004, la Audiencia de Valencia también confirmó una condena de un año para José Luis Roberto por presentar un testigo falso en un juicio de faltas.
Además de locales de copas, Levantina de Seguridad ha recibido numerosos contratos de la Generalitat Valenciana. En algunos casos, la compañía se ha ocupado de la vigilancia de centros de menores.
Los hombres de esa sociedad, perfectamente identificables por una indumentaria próxima a la estética nazi, son habituales en las manifestaciones que convoca España 2000 para exaltar su ideología ultraderechista, como ocurrió ayer en Paiporta, Valencia, donde la cita ha escandalizado no sólo a la izquierda sino incluso a la derecha encarnada por el PP. Roberto encabezó ayer esta manifestación.
Fuente:http://www.elpais.com.
* Decenas de juicios por agresiones
Cultura asegura que Levantina de Seguridad cumple la normativa
El Departamento de Cultura de la Generalitat, en manos del republicano Joan Manuel Tresserras, justifica la contratación de esta empresa porque, según un portavoz, "cumple todos los requisitos legales" y, añade, "fue la única que se presentó al concurso de proceso negociado".
La concesión del servicio a esta compañía ha causado gran malestar en varios colectivos de Tarragona conocedores del estilo que utilizan los guardas de Levantina de Seguridad en la Comunidad Valenciana, donde está la sede de la compañía. Los agentes de Levantina de Seguridad, en muchos casos ex policías nacionales y ex guardias civiles, están especializados en la vigilancia y control de acceso en locales nocturnos y han estado en el epicentro de numerosísimas polémicas en la Comunidad Valenciana por la agresividad de algunos de sus agentes. Varios de ellos han sido condenados.
La estética de los vigilantes, más próxima a un grupo paramilitar que a un guarda de seguridad, caracteriza a los agentes de Levantina de Seguridad. También sus tatuajes y la simbología que lucen en sus atuendos, que en algunos casos recuerda a motivos neonazis.
Preguntado por EL PAÍS, el Departamento de Cultura quitó hierro a la contrata. Un portavoz explicó que este departamento no ha hecho más que seguir el protocolo. Éste consiste en que, cuando necesitan empresas de seguridad, acuden al registro de empresas homologadas por la Generalitat y por Economía. "En este caso había cuatro posibles empresas en la provincia de Tarragona que podían optar al concurso, pero sólo lo hizo Levantina de Seguridad", aseguró. El mismo portavoz dijo desconocer si Levantina de Seguridad o sus agentes tienen condenas por agresiones.
Cultura también recordó que la filiación partidista de los propietarios de las empresas contratistas no influye en los concursos. El portavoz no pudo concretar si es impedimento para formar parte del registro de la Generalitat el hecho de tener condenas por agresión. Levantina de Servicios, recordó, también forma parte de las empresas homologadas por el Ministerio de Interior para ejercer tareas de seguridad privada.
España 2000, fundado por el propietario de Levantina de Seguridad, tiene contactos en Cataluña con el partido ultramontano de Josep Anglada, Plataforma per Catalunya. España 2000 logró en las últimas elecciones municipales dos concejales en las provincias de Castellón y Valencia y un total de 5.893 sufragios.
Decenas de juicios por agresiones
Algunos le llaman Roberto el ultra . Es el líder de Levantina de Seguridad, la empresa ahora contratada por la Generalitat. Pero lo es también de Anela, la asociación de empresarios de locales de alterne, y de España 2000, una asociación registrada primero como sindicato y, después, como partido que se define como "populista, social y democrático".
Es dueño del despacho de abogados Roberto & Salazar, con sedes en Madrid, Barcelona, A Coruña y Valencia. A él se vinculan varios gimnasios, alguno de ellos investigados por organizar campeonatos ilegales de valetudo (un tipo de lucha). Roberto fue detenido durante la transición por la colocación de dos bombas en unos encuentros independentistas, hechos por los que nunca fue condenado. Ha sido acusado por diversos sectores de fundar y financiar los grupos Acción Radical (activo entre 1990 y 1995) y Frente Antisistema (FAS), aunque no ha sido juzgado ni condenado por ello. Ahora, a él se vincula Alianza Nacional.
SOS Racismo presentó denuncias contra el entramado de Roberto por entender que incitaba a un odio racial, a la violencia y la discriminación, permitiendo que en sus manifestaciones sean coreados lemas xenófobos y racistas, así como vivas a Hitler.
¿Cuál es el eje de su discurso? La inmigración ilegal. ¿Quién les respalda? Jóvenes. de entre 18 y 40 años, más allá de lo conservador, con estética claramente inspirada en los movimientos nazis, militantes de los gimnasios y acostumbrados a ejercer tareas de seguridad en locales de copas, de alterne, en fiestas, en discotecas. José Luis Roberto, abogado, tiene una amplia trayectoria de vinculación a la ultraderecha. España 2000 se ha convertido en el instrumento político para entrar en las esferas de poder político, afirma la oposición.
Levantina de Seguridad ha estado implicada en decenas de juicios por agresiones en locales de copas de los que se ocupa supuestamente de la seguridad. Varios de sus vigilantes han sido condenados, casi siempre por lesiones. En 2002, por ejemplo, uno de sus guardias fue condenado por herir a dos jóvenes en una discusión en el aparcamiento en la discoteca Pinedo de Valencia. En el año 2001, la empresa ya acumulaba más de 200 denuncias por agresiones y se había convertido en una habitual de los juzgados de la Comunidad Valenciana. Aquel ejercicio dos de sus trabajadores fueron condenados a 18 meses por lesiones.
En 2004, la Audiencia de Valencia también confirmó una condena de un año para José Luis Roberto por presentar un testigo falso en un juicio de faltas.
Además de locales de copas, Levantina de Seguridad ha recibido numerosos contratos de la Generalitat Valenciana. En algunos casos, la compañía se ha ocupado de la vigilancia de centros de menores.
Los hombres de esa sociedad, perfectamente identificables por una indumentaria próxima a la estética nazi, son habituales en las manifestaciones que convoca España 2000 para exaltar su ideología ultraderechista, como ocurrió ayer en Paiporta, Valencia, donde la cita ha escandalizado no sólo a la izquierda sino incluso a la derecha encarnada por el PP. Roberto encabezó ayer esta manifestación.
Fuente:http://www.elpais.com.
martes 23 de diciembre de 2008
Catalunya gana 2.000 agentes de seguridad privada más en tan solo un año
Ya hay 10.433 frente a los 8.500 de 2007.La crisis atrae a personal de la construcción y el transporte.
Los agentes que trabajan en la seguridad privada en Catalunya se han disparado un 23% en los últimos 12 meses. En este intervalo se ha pasado de 8.500 trabajadores a 10.433, por la crisis. Por cada cuatro agentes que hay en Catalunya, tres son policías y uno agente de la privada.
"Parte de la gente que se ha quedado en paro ve una alternativa en la seguridad privada", explica Yolanda García, secretaria del sector de UGT Catalunya. "Ahora ha regresado personal que trabajó antes y ahora no tiene empleo. Pueden hacerlo tras un cursillo de reciclaje de 20 horas", sigue.
"Otros proceden de otras ramas, como la construcción o el transporte. Para obtener el título de vigilante deben superar otro curso de 180 horas durante tres meses", indica García.
Menos que en Madrid
"Había muchísima demanda", afirma. Ahora "faltan unos 3.500 agentes en Catalunya", comenta García.
De todos modos, este crecimiento de seguratas privados no se ha visto acompañado de un expansión de la demanda por parte de empresas. De hecho, se ha estancado, según UGT y la Asociación de Compañías Privadas de Seguridad (Aproser). Ahora se cubren puestos pendientes y algunos profesionales hacen muchas menos horas extraordinarias.
Pese a la subida, en Catalunya aún no pasa como en Madrid, donde hay más agentes privados que policías. Aquí, frente a la privada (10.433 empleados), Mossos, Urbanos, Policía Nacional y Guardia Civil suman unos 32.000 agentes, según Interior.
Fuente: www.20 minutos.es
Los agentes que trabajan en la seguridad privada en Catalunya se han disparado un 23% en los últimos 12 meses. En este intervalo se ha pasado de 8.500 trabajadores a 10.433, por la crisis. Por cada cuatro agentes que hay en Catalunya, tres son policías y uno agente de la privada.
"Parte de la gente que se ha quedado en paro ve una alternativa en la seguridad privada", explica Yolanda García, secretaria del sector de UGT Catalunya. "Ahora ha regresado personal que trabajó antes y ahora no tiene empleo. Pueden hacerlo tras un cursillo de reciclaje de 20 horas", sigue.
"Otros proceden de otras ramas, como la construcción o el transporte. Para obtener el título de vigilante deben superar otro curso de 180 horas durante tres meses", indica García.
Menos que en Madrid
"Había muchísima demanda", afirma. Ahora "faltan unos 3.500 agentes en Catalunya", comenta García.
De todos modos, este crecimiento de seguratas privados no se ha visto acompañado de un expansión de la demanda por parte de empresas. De hecho, se ha estancado, según UGT y la Asociación de Compañías Privadas de Seguridad (Aproser). Ahora se cubren puestos pendientes y algunos profesionales hacen muchas menos horas extraordinarias.
Pese a la subida, en Catalunya aún no pasa como en Madrid, donde hay más agentes privados que policías. Aquí, frente a la privada (10.433 empleados), Mossos, Urbanos, Policía Nacional y Guardia Civil suman unos 32.000 agentes, según Interior.
Fuente: www.20 minutos.es
miércoles 10 de diciembre de 2008
Los gobiernos central y vasco gastan cada año 170 millones en medidas de protección.
La factura de la seguridad privada ligada a la prevención de atentados en Euskadi es una auténtica locura. Los gobiernos central y vasco han gastado este año en torno a los 170 millones de euros en la protección de políticos, concejales, jueces, magistrados y algunos representantes institucionales. Ambas administraciones mantienen un acuerdo para financiar este 'problema' al 50%.
Esa cifra sólo refleja una parte de los costes reales. A ella hay que añadir el dinero que invierten empresas y entidades privadas en la seguridad de sus instalaciones y de su personal directivo sometido a amenazas de ETA. No hay estimaciones oficiales que reflejen el desembolso total por ese concepto. Incluso, para ofrecer una imagen real de los recursos que se dedican a él en el País Vasco sería necesario añadir a la suma los efectivos que dedican la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado a ese cometido.
Para entender la magnitud de este desvarío es aconsejable someter las cantidades a un análisis comparativo. Hay uno que resulta contundente: con el dinero público que se gasta en Euskadi en guardaespaldas se podría construir un museo Guggenheim nuevo cada año. La obra de Frank Gehry costó 120 millones de euros. Adaptando las cifras a la inflación se concluye que los dos presupuestos se parecen bastante.
Aunque con algunos altibajos -la última tregua de ETA supuso también una relajación en el gasto-, el dinero público destinado a escoltas no ha dejado de crecer desde el año 2000, cuando los gobiernos central y vasco decidieron reforzar la seguridad de personas amenazadas con personal de empresas privadas.
Fuente:Nortedecastilla.com
Esa cifra sólo refleja una parte de los costes reales. A ella hay que añadir el dinero que invierten empresas y entidades privadas en la seguridad de sus instalaciones y de su personal directivo sometido a amenazas de ETA. No hay estimaciones oficiales que reflejen el desembolso total por ese concepto. Incluso, para ofrecer una imagen real de los recursos que se dedican a él en el País Vasco sería necesario añadir a la suma los efectivos que dedican la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado a ese cometido.
Para entender la magnitud de este desvarío es aconsejable someter las cantidades a un análisis comparativo. Hay uno que resulta contundente: con el dinero público que se gasta en Euskadi en guardaespaldas se podría construir un museo Guggenheim nuevo cada año. La obra de Frank Gehry costó 120 millones de euros. Adaptando las cifras a la inflación se concluye que los dos presupuestos se parecen bastante.
Aunque con algunos altibajos -la última tregua de ETA supuso también una relajación en el gasto-, el dinero público destinado a escoltas no ha dejado de crecer desde el año 2000, cuando los gobiernos central y vasco decidieron reforzar la seguridad de personas amenazadas con personal de empresas privadas.
Fuente:Nortedecastilla.com
martes 9 de diciembre de 2008
Cuando la crisis nos obliga a reducir las plantillas, tenemos que contratar escoltas.
Las 30 empresass que participan en las obras del tren de alta velocidad vasco, un proyecto estratégico para esa comunidad autónoma que permitirá unir las tres capitales vascas, se enfrentan a una abierta ofensiva de ETA, que se ha saldado esta semana con el asesinato del constructor Ignacio Uría. Una «aberración» democrática y moral a la que se ven obligadas a sumar otra de tipo económico: mientras la crisis, que ha castigado con especial virulencia al sector, «nos obliga a reducir las plantillas por la caída de la actividad y de los ingresos, tenemos que aumentar los gastos en seguridad y pagar escoltas», subraya un directivo de una compañía afectada.
El atentado del pasado miércoles, que segó la vida del consejero de la firma Altuna y Uría, de 70 años, ha supuesto un salto cualitativo en el acoso de los terroristas sobre las compañías que trabajan en el trazado. La presión se había limitado hasta ahora a amenazas, al sabotaje de sus equipos y a la colocación de una bomba, el 1 de junio, en la sede del grupo Amenabar en Zaráuz, que quedó destrozada. El departamento vasco de Interior se propone blindar la nueva red ferroviaria «hasta el último eslabón». La próxima semana debatirá la adopción de medidas en una cumbre al más alto nivel con el Gobierno central. Entre ellas, se da como seguro el establecimiento de un fuerte dispositivo de seguridad para los principales directivos de esas empresas, hipotéticos objetivos de la banda, mediante la contratación de guardaespaldas.
Hasta ahora, las constructoras habían asumido el peligro que corrían sus instalaciones y el material depositado en los tajos, pero no habían evaluado correctamente el riesgo que corrían sus propietarios y ejecutivos. La evidencia de que ETA pretende reproducir con el AVE la estrategia de terror que desplegó contra la central nuclear de Lemóniz o la autovía de Leizarán les ha obligado a aceptar lo inevitable: su vida estará vigilada. Todos los indicios apuntan a que deberán ser las propias compañías las que asuman el coste de esa protección. Fuentes de la Consejería de Interior explican que, hasta ahora, las soluciones a los problemas de seguridad de las empresas privadas han tenido que ser asumidos por sus cuentas de resultados. Los gobiernos central y vasco sólo financian la contratación de escoltas para políticos, concejales y jueces, señalan.
Cambio de vehículos
Las cifras son contundentes. La 'factura' mensual de un guardaespaldas se sitúa en torno a los 6.000 euros. A esa cantidad hay que añadir otros 800 euros destinados al alquiler de vehículos. El cambio permanente de automóvil, mediante un sistema de rotación, es una de las claves de un buen dispositivo para prevenir atentados. Además, existe un coste variable -imposible de calcular a priori- en dietas y alojamiento en caso de que se produzcan viajes para evitar rutinas y dificultar la acción de los comandos.
«Con esas referencias -indican responsables de compañías que ya han comenzado a estudiar 'las cifras' del problema- no es descabellado pensar que cada una de las constructoras relacionadas con el AVE se verá obligada a afrontar un gasto medio en seguridad cercano a los 21.000 euros mensuales». Ese dinero apenas les permitirá ofrecer protección a tres directivos.
El brusco parón inmobiliario ha obligado a la inmensa mayoría de las empresas del sector a ajustar sus plantillas, bien mediante la no renovación de los contratos por obra o temporales o a través de despidos. Las firmas que han conseguido adjudicaciones en el AVE, aunque tienen más actividad en la construcción civil que en la edificación de viviendas, no son una excepción a esa regla y han recortado personal en el último medio año.
El nuevo coste en seguridad, en medio de una crisis económica que aún no ha tocado fondo, supondrá una nueva carga para sus ya castigadas cuentas de explotación. Un coste mensual en seguridad de 21.000 euros es el equivalente al salario de cinco jefes de obra, siete enconfradores, once peones o trece administrativos.
Este no es, además, el único gasto adicional que afrontan las constructoras. Desde hace meses se han visto también obligadas a incrementar los gastos de seguridad estática en sus 'cuarteles generales' y en las oficinas de sus filiales, así como la vigilancia de las obras. Los sabotajes de la maquinaria que se utiliza en los trabajos han sido continuos, aunque sólo se han conocido los casos más aparatosos.
Fuente:www.elcomerciodigital.com
El atentado del pasado miércoles, que segó la vida del consejero de la firma Altuna y Uría, de 70 años, ha supuesto un salto cualitativo en el acoso de los terroristas sobre las compañías que trabajan en el trazado. La presión se había limitado hasta ahora a amenazas, al sabotaje de sus equipos y a la colocación de una bomba, el 1 de junio, en la sede del grupo Amenabar en Zaráuz, que quedó destrozada. El departamento vasco de Interior se propone blindar la nueva red ferroviaria «hasta el último eslabón». La próxima semana debatirá la adopción de medidas en una cumbre al más alto nivel con el Gobierno central. Entre ellas, se da como seguro el establecimiento de un fuerte dispositivo de seguridad para los principales directivos de esas empresas, hipotéticos objetivos de la banda, mediante la contratación de guardaespaldas.
Hasta ahora, las constructoras habían asumido el peligro que corrían sus instalaciones y el material depositado en los tajos, pero no habían evaluado correctamente el riesgo que corrían sus propietarios y ejecutivos. La evidencia de que ETA pretende reproducir con el AVE la estrategia de terror que desplegó contra la central nuclear de Lemóniz o la autovía de Leizarán les ha obligado a aceptar lo inevitable: su vida estará vigilada. Todos los indicios apuntan a que deberán ser las propias compañías las que asuman el coste de esa protección. Fuentes de la Consejería de Interior explican que, hasta ahora, las soluciones a los problemas de seguridad de las empresas privadas han tenido que ser asumidos por sus cuentas de resultados. Los gobiernos central y vasco sólo financian la contratación de escoltas para políticos, concejales y jueces, señalan.
Cambio de vehículos
Las cifras son contundentes. La 'factura' mensual de un guardaespaldas se sitúa en torno a los 6.000 euros. A esa cantidad hay que añadir otros 800 euros destinados al alquiler de vehículos. El cambio permanente de automóvil, mediante un sistema de rotación, es una de las claves de un buen dispositivo para prevenir atentados. Además, existe un coste variable -imposible de calcular a priori- en dietas y alojamiento en caso de que se produzcan viajes para evitar rutinas y dificultar la acción de los comandos.
«Con esas referencias -indican responsables de compañías que ya han comenzado a estudiar 'las cifras' del problema- no es descabellado pensar que cada una de las constructoras relacionadas con el AVE se verá obligada a afrontar un gasto medio en seguridad cercano a los 21.000 euros mensuales». Ese dinero apenas les permitirá ofrecer protección a tres directivos.
El brusco parón inmobiliario ha obligado a la inmensa mayoría de las empresas del sector a ajustar sus plantillas, bien mediante la no renovación de los contratos por obra o temporales o a través de despidos. Las firmas que han conseguido adjudicaciones en el AVE, aunque tienen más actividad en la construcción civil que en la edificación de viviendas, no son una excepción a esa regla y han recortado personal en el último medio año.
El nuevo coste en seguridad, en medio de una crisis económica que aún no ha tocado fondo, supondrá una nueva carga para sus ya castigadas cuentas de explotación. Un coste mensual en seguridad de 21.000 euros es el equivalente al salario de cinco jefes de obra, siete enconfradores, once peones o trece administrativos.
Este no es, además, el único gasto adicional que afrontan las constructoras. Desde hace meses se han visto también obligadas a incrementar los gastos de seguridad estática en sus 'cuarteles generales' y en las oficinas de sus filiales, así como la vigilancia de las obras. Los sabotajes de la maquinaria que se utiliza en los trabajos han sido continuos, aunque sólo se han conocido los casos más aparatosos.
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