Ya hay 10.433 frente a los 8.500 de 2007.La crisis atrae a personal de la construcción y el transporte.
Los agentes que trabajan en la seguridad privada en Catalunya se han disparado un 23% en los últimos 12 meses. En este intervalo se ha pasado de 8.500 trabajadores a 10.433, por la crisis. Por cada cuatro agentes que hay en Catalunya, tres son policías y uno agente de la privada.
"Parte de la gente que se ha quedado en paro ve una alternativa en la seguridad privada", explica Yolanda García, secretaria del sector de UGT Catalunya. "Ahora ha regresado personal que trabajó antes y ahora no tiene empleo. Pueden hacerlo tras un cursillo de reciclaje de 20 horas", sigue.
"Otros proceden de otras ramas, como la construcción o el transporte. Para obtener el título de vigilante deben superar otro curso de 180 horas durante tres meses", indica García.
Menos que en Madrid
"Había muchísima demanda", afirma. Ahora "faltan unos 3.500 agentes en Catalunya", comenta García.
De todos modos, este crecimiento de seguratas privados no se ha visto acompañado de un expansión de la demanda por parte de empresas. De hecho, se ha estancado, según UGT y la Asociación de Compañías Privadas de Seguridad (Aproser). Ahora se cubren puestos pendientes y algunos profesionales hacen muchas menos horas extraordinarias.
Pese a la subida, en Catalunya aún no pasa como en Madrid, donde hay más agentes privados que policías. Aquí, frente a la privada (10.433 empleados), Mossos, Urbanos, Policía Nacional y Guardia Civil suman unos 32.000 agentes, según Interior.
Fuente: www.20 minutos.es
martes, 23 de diciembre de 2008
miércoles, 10 de diciembre de 2008
Los gobiernos central y vasco gastan cada año 170 millones en medidas de protección.
La factura de la seguridad privada ligada a la prevención de atentados en Euskadi es una auténtica locura. Los gobiernos central y vasco han gastado este año en torno a los 170 millones de euros en la protección de políticos, concejales, jueces, magistrados y algunos representantes institucionales. Ambas administraciones mantienen un acuerdo para financiar este 'problema' al 50%.
Esa cifra sólo refleja una parte de los costes reales. A ella hay que añadir el dinero que invierten empresas y entidades privadas en la seguridad de sus instalaciones y de su personal directivo sometido a amenazas de ETA. No hay estimaciones oficiales que reflejen el desembolso total por ese concepto. Incluso, para ofrecer una imagen real de los recursos que se dedican a él en el País Vasco sería necesario añadir a la suma los efectivos que dedican la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado a ese cometido.
Para entender la magnitud de este desvarío es aconsejable someter las cantidades a un análisis comparativo. Hay uno que resulta contundente: con el dinero público que se gasta en Euskadi en guardaespaldas se podría construir un museo Guggenheim nuevo cada año. La obra de Frank Gehry costó 120 millones de euros. Adaptando las cifras a la inflación se concluye que los dos presupuestos se parecen bastante.
Aunque con algunos altibajos -la última tregua de ETA supuso también una relajación en el gasto-, el dinero público destinado a escoltas no ha dejado de crecer desde el año 2000, cuando los gobiernos central y vasco decidieron reforzar la seguridad de personas amenazadas con personal de empresas privadas.
Fuente:Nortedecastilla.com
Esa cifra sólo refleja una parte de los costes reales. A ella hay que añadir el dinero que invierten empresas y entidades privadas en la seguridad de sus instalaciones y de su personal directivo sometido a amenazas de ETA. No hay estimaciones oficiales que reflejen el desembolso total por ese concepto. Incluso, para ofrecer una imagen real de los recursos que se dedican a él en el País Vasco sería necesario añadir a la suma los efectivos que dedican la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado a ese cometido.
Para entender la magnitud de este desvarío es aconsejable someter las cantidades a un análisis comparativo. Hay uno que resulta contundente: con el dinero público que se gasta en Euskadi en guardaespaldas se podría construir un museo Guggenheim nuevo cada año. La obra de Frank Gehry costó 120 millones de euros. Adaptando las cifras a la inflación se concluye que los dos presupuestos se parecen bastante.
Aunque con algunos altibajos -la última tregua de ETA supuso también una relajación en el gasto-, el dinero público destinado a escoltas no ha dejado de crecer desde el año 2000, cuando los gobiernos central y vasco decidieron reforzar la seguridad de personas amenazadas con personal de empresas privadas.
Fuente:Nortedecastilla.com
martes, 9 de diciembre de 2008
Cuando la crisis nos obliga a reducir las plantillas, tenemos que contratar escoltas.
Las 30 empresass que participan en las obras del tren de alta velocidad vasco, un proyecto estratégico para esa comunidad autónoma que permitirá unir las tres capitales vascas, se enfrentan a una abierta ofensiva de ETA, que se ha saldado esta semana con el asesinato del constructor Ignacio Uría. Una «aberración» democrática y moral a la que se ven obligadas a sumar otra de tipo económico: mientras la crisis, que ha castigado con especial virulencia al sector, «nos obliga a reducir las plantillas por la caída de la actividad y de los ingresos, tenemos que aumentar los gastos en seguridad y pagar escoltas», subraya un directivo de una compañía afectada.
El atentado del pasado miércoles, que segó la vida del consejero de la firma Altuna y Uría, de 70 años, ha supuesto un salto cualitativo en el acoso de los terroristas sobre las compañías que trabajan en el trazado. La presión se había limitado hasta ahora a amenazas, al sabotaje de sus equipos y a la colocación de una bomba, el 1 de junio, en la sede del grupo Amenabar en Zaráuz, que quedó destrozada. El departamento vasco de Interior se propone blindar la nueva red ferroviaria «hasta el último eslabón». La próxima semana debatirá la adopción de medidas en una cumbre al más alto nivel con el Gobierno central. Entre ellas, se da como seguro el establecimiento de un fuerte dispositivo de seguridad para los principales directivos de esas empresas, hipotéticos objetivos de la banda, mediante la contratación de guardaespaldas.
Hasta ahora, las constructoras habían asumido el peligro que corrían sus instalaciones y el material depositado en los tajos, pero no habían evaluado correctamente el riesgo que corrían sus propietarios y ejecutivos. La evidencia de que ETA pretende reproducir con el AVE la estrategia de terror que desplegó contra la central nuclear de Lemóniz o la autovía de Leizarán les ha obligado a aceptar lo inevitable: su vida estará vigilada. Todos los indicios apuntan a que deberán ser las propias compañías las que asuman el coste de esa protección. Fuentes de la Consejería de Interior explican que, hasta ahora, las soluciones a los problemas de seguridad de las empresas privadas han tenido que ser asumidos por sus cuentas de resultados. Los gobiernos central y vasco sólo financian la contratación de escoltas para políticos, concejales y jueces, señalan.
Cambio de vehículos
Las cifras son contundentes. La 'factura' mensual de un guardaespaldas se sitúa en torno a los 6.000 euros. A esa cantidad hay que añadir otros 800 euros destinados al alquiler de vehículos. El cambio permanente de automóvil, mediante un sistema de rotación, es una de las claves de un buen dispositivo para prevenir atentados. Además, existe un coste variable -imposible de calcular a priori- en dietas y alojamiento en caso de que se produzcan viajes para evitar rutinas y dificultar la acción de los comandos.
«Con esas referencias -indican responsables de compañías que ya han comenzado a estudiar 'las cifras' del problema- no es descabellado pensar que cada una de las constructoras relacionadas con el AVE se verá obligada a afrontar un gasto medio en seguridad cercano a los 21.000 euros mensuales». Ese dinero apenas les permitirá ofrecer protección a tres directivos.
El brusco parón inmobiliario ha obligado a la inmensa mayoría de las empresas del sector a ajustar sus plantillas, bien mediante la no renovación de los contratos por obra o temporales o a través de despidos. Las firmas que han conseguido adjudicaciones en el AVE, aunque tienen más actividad en la construcción civil que en la edificación de viviendas, no son una excepción a esa regla y han recortado personal en el último medio año.
El nuevo coste en seguridad, en medio de una crisis económica que aún no ha tocado fondo, supondrá una nueva carga para sus ya castigadas cuentas de explotación. Un coste mensual en seguridad de 21.000 euros es el equivalente al salario de cinco jefes de obra, siete enconfradores, once peones o trece administrativos.
Este no es, además, el único gasto adicional que afrontan las constructoras. Desde hace meses se han visto también obligadas a incrementar los gastos de seguridad estática en sus 'cuarteles generales' y en las oficinas de sus filiales, así como la vigilancia de las obras. Los sabotajes de la maquinaria que se utiliza en los trabajos han sido continuos, aunque sólo se han conocido los casos más aparatosos.
Fuente:www.elcomerciodigital.com
El atentado del pasado miércoles, que segó la vida del consejero de la firma Altuna y Uría, de 70 años, ha supuesto un salto cualitativo en el acoso de los terroristas sobre las compañías que trabajan en el trazado. La presión se había limitado hasta ahora a amenazas, al sabotaje de sus equipos y a la colocación de una bomba, el 1 de junio, en la sede del grupo Amenabar en Zaráuz, que quedó destrozada. El departamento vasco de Interior se propone blindar la nueva red ferroviaria «hasta el último eslabón». La próxima semana debatirá la adopción de medidas en una cumbre al más alto nivel con el Gobierno central. Entre ellas, se da como seguro el establecimiento de un fuerte dispositivo de seguridad para los principales directivos de esas empresas, hipotéticos objetivos de la banda, mediante la contratación de guardaespaldas.
Hasta ahora, las constructoras habían asumido el peligro que corrían sus instalaciones y el material depositado en los tajos, pero no habían evaluado correctamente el riesgo que corrían sus propietarios y ejecutivos. La evidencia de que ETA pretende reproducir con el AVE la estrategia de terror que desplegó contra la central nuclear de Lemóniz o la autovía de Leizarán les ha obligado a aceptar lo inevitable: su vida estará vigilada. Todos los indicios apuntan a que deberán ser las propias compañías las que asuman el coste de esa protección. Fuentes de la Consejería de Interior explican que, hasta ahora, las soluciones a los problemas de seguridad de las empresas privadas han tenido que ser asumidos por sus cuentas de resultados. Los gobiernos central y vasco sólo financian la contratación de escoltas para políticos, concejales y jueces, señalan.
Cambio de vehículos
Las cifras son contundentes. La 'factura' mensual de un guardaespaldas se sitúa en torno a los 6.000 euros. A esa cantidad hay que añadir otros 800 euros destinados al alquiler de vehículos. El cambio permanente de automóvil, mediante un sistema de rotación, es una de las claves de un buen dispositivo para prevenir atentados. Además, existe un coste variable -imposible de calcular a priori- en dietas y alojamiento en caso de que se produzcan viajes para evitar rutinas y dificultar la acción de los comandos.
«Con esas referencias -indican responsables de compañías que ya han comenzado a estudiar 'las cifras' del problema- no es descabellado pensar que cada una de las constructoras relacionadas con el AVE se verá obligada a afrontar un gasto medio en seguridad cercano a los 21.000 euros mensuales». Ese dinero apenas les permitirá ofrecer protección a tres directivos.
El brusco parón inmobiliario ha obligado a la inmensa mayoría de las empresas del sector a ajustar sus plantillas, bien mediante la no renovación de los contratos por obra o temporales o a través de despidos. Las firmas que han conseguido adjudicaciones en el AVE, aunque tienen más actividad en la construcción civil que en la edificación de viviendas, no son una excepción a esa regla y han recortado personal en el último medio año.
El nuevo coste en seguridad, en medio de una crisis económica que aún no ha tocado fondo, supondrá una nueva carga para sus ya castigadas cuentas de explotación. Un coste mensual en seguridad de 21.000 euros es el equivalente al salario de cinco jefes de obra, siete enconfradores, once peones o trece administrativos.
Este no es, además, el único gasto adicional que afrontan las constructoras. Desde hace meses se han visto también obligadas a incrementar los gastos de seguridad estática en sus 'cuarteles generales' y en las oficinas de sus filiales, así como la vigilancia de las obras. Los sabotajes de la maquinaria que se utiliza en los trabajos han sido continuos, aunque sólo se han conocido los casos más aparatosos.
Fuente:www.elcomerciodigital.com
jueves, 4 de diciembre de 2008
La seguridad en la región está ya en manos de las empresas privadas
La seguridad en la región está ya en manos de las empresas privadas
* Hay tantos efectivos como Policía Local, Nacional y Guardia Civil junta.
* Y cada año el sector crece un 20%
* En Madrid hay 27.000 vigilantes trabajando.
Dar un paso sin toparse con un vigilante de seguridad es cada vez más difícil en la región. En Madrid trabajan 27.000 de estos profesionales (160.000 en todo el país), no sólo en empresas privadas (centros comerciales, joyerías, bancos...), sino también en todo tipo de lugares públicos: desde Metro y Cercanías hasta Juzgados y otros edificios oficiales.
Su cifra supera ya a la de policías nacionales, municipales y guardias civiles juntos (26.000) y va en aumento.
La crisis parece no hacer mella en el sector, que no para de crecer. Según datos de la Federación de Actividades Diversas de CC OO, en el año 2000 la seguridad privada empleaba en Madrid a menos de 12.000 personas. Hoy son 27.000, y cada año se incorporan a sus filas entre un 20% y un 25% más.
Al menos 10.000 perosnas trabajan en el sector sin la formación necesaria
Además de los 27.000 profesionales que cumplen con lo establecido en la Ley de Seguridad Privada (han efectuado el curso preceptivo de formación de 180 horas y aprobado el examen de la Dirección General de la Policía), fuentes del sector estiman que hay hasta 10.000 empleados «piratas»: van también de uniforme, pero no cuentan con el título oficial.
Entre unos y otros superan con creces en número a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Fuentes de la Policía Nacional cifran en menos de 10.000 a los policías que realizan servicios ciudadanos en Madrid, y la Asociación Unificada de la Guardia Civil habla de 5.000 efectivos entre los destinados en Barajas, en Tráfico y en los seis puestos operativos de El Escorial, Getafe, Aranjuez, Alcalá, Colmenar y Majadahonda.
A ellos se suman los 11.000 policías locales que, según el Colectivo Profesional de la Policía Municipal, trabajan en la región.
Hasta en la OTAN
En la región hay unas 2.000 empresas dedicadas a este lucrativo negocio. Para ellas, Madrid es un filón por su gran concentración de edificios públicos, donde la presencia de vigilantes es cada vez mayor.
El Banco de España, la base de la OTAN, la división militar acorazada de Brunete, las delegaciones de Hacienda, los juzgados y la Audiencia Nacional son algunos de los sitios donde trabajan.
«La capital mueve mucha seguridad privada», contaron a 20 minutos fuentes del sector, del que forman parte también los escoltas (vigilantes con un curso de especialización de 60 horas), de los que entre 800 y 1.000 trabajan en la capital en tareas de protección a joyeros, directivos o famosos.
Para el Movimiento contra la Intolerancia es «alarmante» el crecimiento del sector por «las dimensiones que está adquiriendo». Pero los sindicatos policiales consideran su función necesaria, porque cubren huecos para los que las fuerzas del orden público «no dan abasto».
Su labor de refuerzo parece asumida por la propia Administración: el Ministerio del Interior trabaja en una modificación de la Ley de Seguridad Privada que, entre otros objetivos, mejorará la coordinación entre sus efectivos y los vigilantes privados.
Fuente:www.20minutos.es
* Hay tantos efectivos como Policía Local, Nacional y Guardia Civil junta.
* Y cada año el sector crece un 20%
* En Madrid hay 27.000 vigilantes trabajando.
Dar un paso sin toparse con un vigilante de seguridad es cada vez más difícil en la región. En Madrid trabajan 27.000 de estos profesionales (160.000 en todo el país), no sólo en empresas privadas (centros comerciales, joyerías, bancos...), sino también en todo tipo de lugares públicos: desde Metro y Cercanías hasta Juzgados y otros edificios oficiales.
Su cifra supera ya a la de policías nacionales, municipales y guardias civiles juntos (26.000) y va en aumento.
La crisis parece no hacer mella en el sector, que no para de crecer. Según datos de la Federación de Actividades Diversas de CC OO, en el año 2000 la seguridad privada empleaba en Madrid a menos de 12.000 personas. Hoy son 27.000, y cada año se incorporan a sus filas entre un 20% y un 25% más.
Al menos 10.000 perosnas trabajan en el sector sin la formación necesaria
Además de los 27.000 profesionales que cumplen con lo establecido en la Ley de Seguridad Privada (han efectuado el curso preceptivo de formación de 180 horas y aprobado el examen de la Dirección General de la Policía), fuentes del sector estiman que hay hasta 10.000 empleados «piratas»: van también de uniforme, pero no cuentan con el título oficial.
Entre unos y otros superan con creces en número a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Fuentes de la Policía Nacional cifran en menos de 10.000 a los policías que realizan servicios ciudadanos en Madrid, y la Asociación Unificada de la Guardia Civil habla de 5.000 efectivos entre los destinados en Barajas, en Tráfico y en los seis puestos operativos de El Escorial, Getafe, Aranjuez, Alcalá, Colmenar y Majadahonda.
A ellos se suman los 11.000 policías locales que, según el Colectivo Profesional de la Policía Municipal, trabajan en la región.
Hasta en la OTAN
En la región hay unas 2.000 empresas dedicadas a este lucrativo negocio. Para ellas, Madrid es un filón por su gran concentración de edificios públicos, donde la presencia de vigilantes es cada vez mayor.
El Banco de España, la base de la OTAN, la división militar acorazada de Brunete, las delegaciones de Hacienda, los juzgados y la Audiencia Nacional son algunos de los sitios donde trabajan.
«La capital mueve mucha seguridad privada», contaron a 20 minutos fuentes del sector, del que forman parte también los escoltas (vigilantes con un curso de especialización de 60 horas), de los que entre 800 y 1.000 trabajan en la capital en tareas de protección a joyeros, directivos o famosos.
Para el Movimiento contra la Intolerancia es «alarmante» el crecimiento del sector por «las dimensiones que está adquiriendo». Pero los sindicatos policiales consideran su función necesaria, porque cubren huecos para los que las fuerzas del orden público «no dan abasto».
Su labor de refuerzo parece asumida por la propia Administración: el Ministerio del Interior trabaja en una modificación de la Ley de Seguridad Privada que, entre otros objetivos, mejorará la coordinación entre sus efectivos y los vigilantes privados.
Fuente:www.20minutos.es
CCOO se suma a las movilizaciones del sector d Seguridad Privada
CCOO se suma a las movilizaciones del sector de Seguridad Privada.
Con ánimo de desbloquear la negociación, CCOO plantea que, como mínimo a partir del mes de enero de 2009, se produzca un adelanto de la subida salarial del IPC real del año 2008 más dos puntos, todo ello a cuenta de lo que se acuerde finalmente en la negociación del Convenio Colectivo. Comisiones Obreras de Melilla se suma a la convocatoria estatal de movilizaciones y de actuaciones para el estricto control de la legalidad vigente en el sector de Seguridad Privada, en respuesta a las pretensiones y la actitud empobrecida de las patronales del sector, que se mantienen agazapados para no negociar lo legalmente establecido en el Convenio Colectivo y sus apartados con repercusión económica.
CCOO, UGT y USO presentaron en la Mesa de Negociación una serie de reivindicaciones conjuntas, que conlleva un coste económico que la parte empresarial no quiere abordar. Así, CCOO asegura, a través de su representante sindical de Eulen-Seguridad, Milud Mimon Kaddur, que “las empresas sólo se preocupan de engordar sus cuentas bancarias”, facturando a los clientes que contratan sus servicios “incrementos imprevistos en los costes salariales” y eludiendo cualquier tipo de responsabilidad que pudiera suponer una mejora en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores del sector.
Estos trabajadores, en su inmensa mayoría, se ven forzados a prolongar la jornada laboral, en muchos casos doblando turnos, para poder obtener a fin de mes un salario “decente”.
Con ánimo de desbloquear la negociación, los citados sindicatos plantean que, como mínimo a partir del mes de enero de 2009, se produzca un adelanto de la subida salarial del IPC real del año 2008 más dos puntos, todo ello a cuenta de lo que se acuerde finalmente en la negociación del Convenio Colectivo.
Fuente:eltelegrama.con
Con ánimo de desbloquear la negociación, CCOO plantea que, como mínimo a partir del mes de enero de 2009, se produzca un adelanto de la subida salarial del IPC real del año 2008 más dos puntos, todo ello a cuenta de lo que se acuerde finalmente en la negociación del Convenio Colectivo. Comisiones Obreras de Melilla se suma a la convocatoria estatal de movilizaciones y de actuaciones para el estricto control de la legalidad vigente en el sector de Seguridad Privada, en respuesta a las pretensiones y la actitud empobrecida de las patronales del sector, que se mantienen agazapados para no negociar lo legalmente establecido en el Convenio Colectivo y sus apartados con repercusión económica.
CCOO, UGT y USO presentaron en la Mesa de Negociación una serie de reivindicaciones conjuntas, que conlleva un coste económico que la parte empresarial no quiere abordar. Así, CCOO asegura, a través de su representante sindical de Eulen-Seguridad, Milud Mimon Kaddur, que “las empresas sólo se preocupan de engordar sus cuentas bancarias”, facturando a los clientes que contratan sus servicios “incrementos imprevistos en los costes salariales” y eludiendo cualquier tipo de responsabilidad que pudiera suponer una mejora en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores del sector.
Estos trabajadores, en su inmensa mayoría, se ven forzados a prolongar la jornada laboral, en muchos casos doblando turnos, para poder obtener a fin de mes un salario “decente”.
Con ánimo de desbloquear la negociación, los citados sindicatos plantean que, como mínimo a partir del mes de enero de 2009, se produzca un adelanto de la subida salarial del IPC real del año 2008 más dos puntos, todo ello a cuenta de lo que se acuerde finalmente en la negociación del Convenio Colectivo.
Fuente:eltelegrama.con
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