Los robos en empresas disparan la demanda de Vigilantes

El negocio de la seguridad privada está en auge. La demanda de vigilantes para polígonos industriales, sobre todo tras la oleada de robos registrados en los últimos meses, y el incremento de las ventas de sistemas de alarma y protección para industrias y viviendas han disparado la facturación de las empresas de seguridad privada en Galicia, que en 2007 ascendió a 130 millones de euros (un 7 por ciento más). En la comunidad operan un total de 69 empresas del ramo, aunque sólo dos -Securitas, que es líder a nivel mundial; y Prosegur, que es el primer referente en España- acaparan la mayor parte del mercado. El sector emplea además a 3.800 trabajadores, de los que sólo 1.300 están en Vigo, aunque desde la Asociación de Profesionales de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) aseguran que Galicia es una potencia exportadora de vigilantes hacia otras comunidades autónomas.El 65 por ciento de la facturación de estas empresas provienen de las labores de vigilancia, y en este capítulo el sector se ha visto beneficiado por la apertura de nuevos polígonos industriales y empresas, así como por el temor empresarial por el aumento de robos. En segundo lugar computan con un 28 por ciento las alarmas y sistemas de seguridad, aunque desde APROSER reconocen que las ventas crecieron cerca del 12 por ciento el año pasado. El resto de la tarta se distribuye entre transporte de fondos y manipulación de efectivo.CualificaciónResponsables de APROSER estuvieron ayer en Vigo, donde explicaron que uno de los principales problemas del sector es la falta de mano de obra cualificada, que cifran en 21.000 trabajadores en España, y afirmaron que uno de los factores que influye en esta circunstancia es la Ley 23/1992, que restringe el acceso a esta profesión a las personas de la Unión Europea o de algún país del espacio económico europeo. No obstante, esta problemática no existe en Galicia, que es una de las comunidades autónomas donde más personas eligen la profesión. Las 1.134 empresas de seguridad privada que hay en España facturaron en 2006 más de 3.300 millones de euros, por la prestación de servicios en el ámbito mayoritariamente privado (el 70 por ciento) y llevando a cabo labores de vigilancia (en casi la mitad de los casos), además de otras tareas, como sistemas y alarmas o escoltas. En total, hay 81.000 vigilantes, de los que sólo el 13 por ciento son mujeres.

Fuente: elfarodevigo.

Los vigilantes del Centro Marcelo Nessi de Badajoz dicen que ``no pueden garantizar la seguridad`` por falta de efectivos.

Los trabajadores de seguridad del Centro de Menores 'Marcelo Nessi' de Badajoz aseguraron hoy que el número de efectivos en actualidad es "totalmente insuficiente" y "no se adecua al número de internos", por lo que señalan que "no pueden garantizar" la seguridad ni de los internos ni de los trabajadores del centro.Así lo aseguran estos trabajadores en una nota de prensa, remitida por el sindicato CSI-CIF, en la que asegura que la infraestructura del centro "no reúne los requisitos mínimos de seguridad para los fines que se persiguen".
Lamenta que el personal de seguridad "tiene habitualmente que soportar amenazas, acusaciones, o coacciones" por parte de los internos o de sus familiares, e incluso aseguran que "en ocasiones los menores son incitados a denunciarlos".
En este sentido, estos trabajadores aseguran no sentirse respaldaos en su trabajo, y añaden que además "no existe ningún incentivo económico que reconozca la función que realizan".
Finalmente, aclaran que estas reivindicaciones se dirigen principalmente a la institución a la que prestan servicio, que es la Junta de Extremadura, responsable del centro, y no tanto a la empresa de seguridad para la que trabajan.

Fuente: extremaduraladia.com

Trabajadores reclaman un vigilante por estación.

Al menos un vigilante por estación. Esta es la demanda del comité de empresa de Metro Bilbao después de que se hayan registrado dos agresiones a empleados en los últimos diez días, una de ellas en la estación de Las Arenas y otra en la del Casco Viejo, que tuvo lugar a plena luz del día. Estos ataques han hecho saltar las alarmas y han llevado a los representantes de la plantilla a reclamar un refuerzo de la seguridad privada, ya que «sólo hay un guardia por cada tres estaciones y lo ideal es que todas tengan uno», apuntó ayer Rafa Valencia, de ELA, sindicato que forma parte del comité junto con CC OO, UGT, LAB, ESK y CIM. «No es que sea la solución, porque cuando se produjo la agresión de Las Arenas había vigilantes, aunque no se percataron porque estaban en la otra punta de la parada. Pero, al menos, darán más sensación de seguridad a los empleados». Según el comité, hay trabajadores que sufren «mucho estrés» porque, además de los últimos altercados violentos, los insultos son «una constante». Por eso, Valencia estimó que la recomendación de la empresa de que sus empleados se atengan a un manual diseñado para templar a los usuarios problemáticos «es bienintencionada, pero utópica». «El metro hace 86.000 viajes al año, muchos más que cuando empezó, pero el número de guardias jurados apenas ha variado. Si hay más viajeros, debe haber más seguridad». El comité ha instado a la plantilla a movilizarse el lunes en la estación de Areeta.

FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/.

Las empresas de seguridad privada solicitan más profesionales en la provincia para atender la demanda

Las empresas de seguridad privada solicitan más profesionales en la provincia para atender la demanda .
La asociación de compañías estima que en Alicante faltan alrededor de 500 vigilantes.

Un agente de seguridad privada vigila los pasillos en el interior de un centro comercial.
Uno de los principales problemas por los que pasa el sector de la vigilancia privada es la falta de profesionales que atiendan la demanda existente. La Asociación de Profesionales de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) estima que en Alicante "harían falta alrededor de 500 profesionales" para atender las necesidades privadas de las empresas.La vigilancia privada cuenta actualmente con 81.000 empleados en activo en todo el país, y la entidad apunta a que alrededor de 21.000 más son necesarios, 2.000 de ellos en la Comunitat. Esta falta de profesionales en el sector privado "se debe, en gran medida, a que para ser profesional del sector hay que ser ciudadano nacional de la Unión Europea", según indicaron fuentes de la asociación. Este hecho hace que "por ejemplo un argentino no pueda ser vigilante privado en España", añadieron. Además, otro de los factores es "las dificultades burocráticas del proceso para ser vigilante", según afirmaron las mismas fuentes.En la Comunitat, 138 empresas de vigilancia privada tiene su sede o delegación, 81 de ellas en Alicante, 57 en Valencia y 29 en Castellón. A pesar de estas cifras de la asociación, la mayoría de agentes activos se encuentran en Valencia con alrededor 3.600 comparados con los 1.950 de Alicante y los 700 de Castellón, según explicaron las mismas fuentes de la entidad.Según los representantes de las empresas de seguridad, este hecho se debe a que "en la provincia de Alicante se trabaja mucho más en sistemas de alarma que con vigilantes, ya que es la sexta provincia del país en número de empresas". Zonas comerciales La asociación Aproser cuenta con un proyecto a desarrollar basado en la presencia de vigilantes de seguridad en las calles de zonas comerciales, "ya que actualmente un agente privado no puede estar en la vía pública". La petición no pretende entrar dentro de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino que "es una función complementaria", según indicaron las mismas fuentes.

FUENTE:;DIARIO LAS PROVINCIAS

Vigilantes de seguridad privada han presentado 180 demandas por las horas extraordinarias

Un vigilante de seguridad privada en el control de pasajeros de la estación del AVE de Segovia./ JUAN MARTÍN
El sindicato CSI-CSIF está realizando una campaña de información para que los trabajadores presenten sus alegaciones antes del día 21.

Hace casi un año la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó una sentencia que anulaba parte del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en vigor desde 2005, al considerar que el importe mínimo de las horas extraordinarias contemplado en este documento es inferior al que corresponde legalmente. En este sentido, los representantes de los trabajadores mantenían que para fijar el valor de la hora deben tenerse en cuenta los complementos salariales, aspecto en el que la sentencia del Tribunal Supremo les da la razón. Por ese motivo, el sindicato CSI-CSIF está realizando una campaña de información en Segovia para que los trabajadores afectados reclamen el dinero que les corresponde por las horas extraordinarias trabajadas desde el 1 de enero de 2005 y hasta la fecha. Desde este sindicato, Julio Aguado, ha informado de que en la provincia se han presentado ya alrededor de 180 demandas a las empresas, a través de actos de conciliación y añadió que la intención de esta organización es llevar este asunto al Juzgado de lo Social, aunque esta semana no ha sido posible debido a la huelga indefinida que mantienen los funcionarios de la Administración de Justicia. Aguado recalcó que es importante que estas reclamaciones se realicen antes del 21 de febrero, fecha en la que se cumple un año desde que el Tribunal Supremo dictó la sentencia que anulaba algunos puntos del convenio colectivo. El portavoz de esta organización sindical informó de que en el sector de seguridad privada trabajan en Segovia más de 200 personas, y que este colectivo se ha incrementado en torno a cincuenta vigilantes más con la entrada en funcionamiento de la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Segovia-Valladolid. Según indicó Aguado, al menos tres empresas trabajan en la vigilancia de la línea y de la estación Segovia Guiomar, y alrededor de catorce empresas de seguridad privada operan en la provincia en diferentes ámbitos.

Fuente: eladelantadodesegovia.

El Gobierno tilda peregrinas promesas PP Y Recuerda aposto seguridad privada

Gobierno tilda 'peregrinas' promesas PP y recuerda apostó seguridad privada
El Gobierno ha calificado hoy de 'peregrinas' las promesas electorales del PP en materia de seguridad y ha denunciado que en la última legislatura en que gobernó perdió 10.000 efectivos, entre policías y guardias civiles, ya que 'apostó, de alguna manera, por la seguridad privada'.El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha destacado hoy que no se debe olvidar que el PP 'estuvo ocho años en el Gobierno y redujo las inversiones en seguridad como nunca', perdiendo más de 10.000 efectivos en la última legislatura y apostando 'de alguna manera' por la privatización del servicio, ya que 'se llegó a decir que quien quisiera seguridad que se la pagase'.Frente a promesas 'irrealizables y sin credibilidad' -como la de plantar 340.000 árboles al día, ha dicho-, el Gobierno 'ha cumplido con el compromiso' en materia de seguridad, haciendo públicas convocatorias -más de 40.000 plazas en los últimos cuatro años-, 'históricas' y que 'nunca se habían producido'.'Los ciudadanos merecen realidades y cuando se les ofrezcan cosas, que se cumplan', ha dicho el secretario de Estado, quien ha especificado que se ha crecido, en la última legislatura, en más de 18.000 nuevos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Camacho, durante el discurso ofrecido a los 2.816 guardias civiles que concluyeron su formación teórica en la Academia de Baeza (Jaén), ha insistido en que la Guardia Civil es una institución 'enormemente reconocida y valorada' por los españoles.El secretario de Estado ha hecho referencia a las tareas en las que se han podido ver a los 'uniformes verdes', tales como auxilio humanitario, accidentes de tráfico, rescates de montaña, auxiliando a los inmigrantes 'abandonados a su suerte por los que trafican', luchando contra el terrorismo o fuera de las fronteras españolas en operaciones de paz 'que nos hacen mejores como país e incrementan el prestigio de España en el mundo'.Para él, España necesita un sistema público de seguridad 'bien preparado para hacer frente a los nuevos retos', para lo cual es 'imprescindible' unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 'modernas, excelentemente formadas, dignamente retribuidas, motivadas y listas para garantizar la seguridad'.En cuanto a los objetivos, Camacho ha incidido en que las principales preocupaciones de los españoles son el terrorismo, la delincuencia organizada, la seguridad ciudadana, el tráfico de drogas y personas o la pornografía infantil, 'amenazas que ponen en riesgo nuestro futuro'.Ante esas amenazas, el secretario de Estado ha dicho que los Cuerpos de Seguridad 'son eficaces' y el sistema policial es, cada día, 'más moderno y eficiente', todo ello gracias al desarrollo de una 'verdadera cultura de cooperación que nos permite no sólo sumar esfuerzos, sino multiplicar resultados'.Por último, ha hecho referencia a los proyectos futuros que se centran en el trabajo para consolidar la cooperación, tanto entre las policías españolas como en el ámbito internacional, y la coordinación interna para obtener 'los mejores resultados con los medios de los que disponemos'.

Fuente: Terra Actualidad - EFE

Archivada la denuncia de guardans contra los agentes del Prat que le obligaron a descalzare

Archivada la denuncia de Guardans contra los agentes del Prat que le obligaron a descalzarseBruselas. (EFE).- Una juez de El Prat de Llobregat ha archivado la denuncia del eurodiputado de CiU Ignasi Guardans contra un vigilante de seguridad y un agente de la Guardia Civil que le obligaron a descalzarse en el control de seguridad del aeropuerto de Barcelona.De los hechos relatados por el parlamentario, considera la juez de instrucción, no se infiere que los agentes cometiesen los delitos de vejación o arbitrariedad definidos por el Código Penal y denunciados por Guardans.El parlamentario no recurrirá la decisión, pero ha subrayado que el auto "menciona expresamente un posible expediente sancionador" y ha anunciado que en los próximos días planteará su denuncia ante el Ministerio del Interior para explorar esa vía.Los hechos ocurrieron el pasado el pasado 28 de diciembre, cuando Guardans se disponía a cruzar el control de seguridad de la Terminal A del aeropuerto de El Prat.Al observar que los pasajeros se quitaban sistemáticamente el calzado antes de traspasar el arco de detección de metales, Guardans indicó a algunos viajeros que esa operación no es obligatoria si sus zapatos no contienen metal, según relató entonces el parlamentario.El vigilante que controlaba el arco permitió a tales pasajeros traspasarlo sin descalzarse, pero, cuando llegó el turno del propio Guardans, se dirigió a él y le dijo: "Pues ahora vas a ser tú el que te quitas los zapatos, listo".El eurodiputado reclamó entonces la presencia del guardia civil responsable, pero el agente tampoco atendió sus demandas y le obligó a descalzarse para pasar el arco.Guardans denunció la actuación de ambos al entender que podrían haber infringido el artículo del Código Penal que prohíbe a las autoridades o funcionarios ejercer "cualquier vejación injusta o daño innecesario".También acusó al Guardia Civil de incumplir la legislación a no impedir la actuación "arbitraria" del vigilante y reprochó a éste el haber vulnerado la Ley de seguridad privada al no identificarse cuando el eurodiputado se lo requirió.La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de El Prat de Llobregat, María Nieves Osuna, entiende sin embargo que no hay indicios de delitos tipificados en el Código Penal.En su auto, fechado el 21 de enero y difundido hoy por el propio eurodiputado, la juez sostiene que "la actuación de Guardia Civil no puede considerarse arbitraria, sino ajustada a los principios de actuación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las zonas aeroportuarias.En cuanto al comportamiento del vigilante que pidió a Guardans que se descalzase, se enmarca a su juicio en "la posibilidad del registro aleatorio y manual del pasajero que permite la normativa comunitaria" y que el descalzado no puede por tanto considerarse víctima de un trato vejatorio o degradante.La juez tampoco estima que la expresión proferida por el vigilante -"pues ahora vas a ser tu el que te quitas los zapatos, listo"- sea constitutiva de infracción penal alguna, "al no considerarse la expresión 'listò vejatoria o humillante".No obstante, precisa que esta decisión no prejuzga si el comportamiento del vigilante puede dar o no lugar a un "expediente sancionador" del tipo previsto en la normativa sobre seguridad privada.Guardans, que prevé presentar una denuncia en los próximos días ante el Ministerio del Interior para explora esta última posibilidad, ha dado hoy por cerrada la vía penal.No obstante, ha manifestado su extrañeza con algunos razonamientos del auto, como el que no considere autoridad al vigilante de seguridad o su interpretación de que las normas europeas permiten un derecho de control aleatorio."Si juntamos el supuesto derecho a cualquier control aleatorio y la afirmación de que quienes lo practican están exentos de responsabilidad penal por no ser autoridad, llegamos a la conclusión varias veces reiterada de que los aeropuertos son territorio en estado de excepción", ha lamentado."Más allá de las vicisitudes de una denuncia particular, está claro que toda esta situación confirma la necesidad de que el Ministerio de Fomento y el de Interior asuman sus responsabilidades, garantizando a los ciudadanos el respeto que merecen en todo momento, también en los aeropuertos españoles", ha añadido.

Fuente: www.lavanguardia.es.

Los vigilantes de un prostibulo de Girona se equipan con chaleco antibala y casco

Los vigilantes de un prostíbulo de Girona se equipan con chaleco antibala y casco

Algunos vigilantes de prostíbulos se equipan con chaleco antibalas, casco y escudo de autoprotección, como si se trataran de policias antidisturbios, pero en realidad son vigilantes de seguridad de un prostíbulo de Girona.
El propietario de un club de alterne en la Jonquera, Patricio Grant, dice que llevan chaleco por si hay problemas, pero que no siempre lo llevan. "Si hay problemas, tienen chaleco, escudos y cascos, pero no lo levan siempre."
En noches poco conflictivas, llevan el uniforme básico
Lo decidió hace un par de meses, cuando un grupo de clientes apuñaló a dos de sus vigilantes por negarles la entrada. Se ha gastado 1.000 euros en cada equipo.
Aunque siempre registran a los clientes, han requisado ya navajas, puños americanos y hasta palos de artes marciales. En noches poco conflictivas, llevan el uniforme básico. El dueño asegura que por su local pasan bastantes delincuentes. Les resulta fácil huir porque está a pocos kilómetros de la frontera con Francia.

Fuente: www.20minutos.es

Ertzainas y vigilantes de la UPV evitan que radicales revienten el Claustro

Ertzainas y vigilantes de la UPV evitan que radicales revienten el ClaustroLos guardas desalojaron del Aula Magna a estudiantes de Ikasle Abertzaleak, y los antidisturbios entraron al campus para dispersar la protesta y proteger el acto académicoLa UPV recurrió ayer a un fuerte dispositivo policial para evitar que alumnos radicales reventaran el Claustro, como ocurrió hace un mes. El rector, Juan Ignacio Pérez, advirtió en aquella ocasión de que la Universidad tomaría todas las medidas necesarias para garantizar su celebración. Y ayer lo cumplió. Hubo incidentes: alumnos de Ikasle Abertzaleak trataron de boicotear la reunión; pero los vigilantes los desalojaron por la fuerza y agentes de la Ertzaintza dispersaron a los alborotadores. El Claustro pudo concluir. «Se ha garantizado el normal desarrollo del acto universitario frente a conductas claramente coercitivas», señaló la UPV.Desde primera hora de la mañana, policías antidisturbios se apostaron en los accesos a las instalaciones universitarias de Leioa, mientras que una docena de miembros de seguridad custodiaban el edificio donde está ubicada el Aula Magna. En el último Claustro que fue suspendido hace un mes únicamente cuatro guardas vigilaban la entrada, y se vieron desbordados por un centenar de alborotadores que lograron acceder a la reunión y obligaron a suspenderla. Los incidentes se desataron ayer poco antes de la diez de la mañana. Una treintena de jóvenes se colocó a las puertas del edificio del Aula Magna, detrás de una pancarta contra el proceso de Bolonia, la convergencia europea de los estudios superiores. Los manifestantes gritaron consignas en las que pedían que se diera la palabra a los alumnos y tachaban de «opresora» a la Universidad vasca. Un cordón de guardas jurado se situó frente a los participantes en la protesta para impedirles la entrada.La reunión académica comenzó a las diez de la mañana. Apenas había transcurrido media hora, cuando ocho alumnos del sindicato Ikasle Abertzaleak, miembros del Claustro, trataron de boicotear el acto -en ese momento se iba a someter a votación el nuevo listado de faltas y sanciones de la UPV-. De uno en uno, se fueron levantando, mientras gritaban consignas contra Bolonia. Uno de ellos se encadenó a su asiento y otros dos se subieron al estrado.DesalojoJuan Ignacio Pérez les exigió que no interrumpieran el acto. Al comprobar que no cejaban en su actitud, ordenó por el micrófono: «¡Desalójenles!». Algunos de los vigilantes que se encontraban fuera, frente al grupo de manifestantes, entraron para sacar por la fuerza a los estudiantes de Ikasle Abertzaleak. Hubo forcejeos y empujones dentro del Aula Magna. Los participantes en la protesta que se manifestaban a las puertas del edificio aprovecharon para irrumpir en la reunión. El enfrentamiento se endureció, intervino todo el dispositivo de seguridad, cerca de doce guardas uniformados y otra media docena de paisano, que lograron expulsar a los alumnos a porrazos, empujones y patadas. Los agentes antidisturbios de la Ertzaintza acudieron en ayuda de los guardas y dispersaron a los alborotadores. La UPV hizo público un comunicado horas más tarde en el que destacaba que la actuación de los miembros del servicio de seguridad con el apoyo de la Ertzaintza había «garantizado» el normal desarrollo del acto «frente a conductas claramente coercitivas». «Nadie cuestiona en el entorno universitario la legítima libertad de expresión y el derecho a emprender toda clase de iniciativas, siempre que se desarrollen dentro de los cauces legítima y democráticamente establecidos», añadía.Tras los graves altercados ocurridos en la UPV en diciembre, que obligaron a suspender un Claustro y varias juntas de facultad, Pérez admitió que había actuado con «candor e ingenuidad» y asumió que los estudiantes en lucha trataban de «impedir que se tomaran decisiones en órganos colegiados». El rector adelantó que a partir de entonces recurriría a la Ertzaintza para garantizar el funcionamiento de la vida académica.

Fuente: elcorreodigital.com.