El gobierno estaba dispuesto a pagar 1500 euros al mes a etarras

El Gobierno estaba dispuesto a pagar 1.500 euros al mes a etarras que dejaran las armas


También se crearían empresas, con fondos de la UE, para colocar a los ex terroristas
MADRID .- El Gobierno y los intermediarios de ETA barajaron, durante la negociación del proceso de paz , unos 300 millones de presupuesto para llevar a cabo la reinserción de los miembros de la banda terrorista que dejaran las armas , según un plan encargado al CNI, informa EL MUNDO. Incluso se llegó a concretar que los ex etarras cobrarían 1.500 euros mensuales.
Los acuerdos alcanzados consistían en un plan que se tenía que desarrollar en un máximo de 10 años . En cada uno de ellos estaba previsto invertir unos 30 millones de euros. En ese estudio, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes cercanas al CNI, también se tuvo en cuenta las repercusiones que a nivel económico tiene en las arcas del Estado cada uno de los atentados que ha llevado a cabo la banda terrorista en los últimos años.
Además, a la hora de llegar a una cifra determinada para la reinserción de los etarras, los representantes de la banda terrorista recordaron a sus interlocutores las repercusiones que tiene para la economía española una campaña de bombas en las playas en época estival, y lo fácil que es para ellos realizarla.
La idea de que el plan de reinserción tuviera una vigencia de 10 años está fundamentada, principalmente, en la población carcelaria que en la actualidad tiene ETA, tanto en las cárceles españolas como francesas. En la actualidad se calcula que los reclusos de la banda terrorista son unos 610 .
Los negociadores de ambas partes eran conscientes de que todos los presos no saldrían a la calle en la misma fecha y que se iría produciendo un goteo tras el fin de la violencia . EL MUNDO también ha podido saber de fuentes cercanas al CNI que fueron los presos de ETA los que más insistieron en que el plan de reinserción se produjera en un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que ninguno de ellos quedara fuera de él.
Dentro de este plan figuraba también la posibilidad de que la banda armada se convierta en una institución o fundación para que de esa forma pueda ir recibiendo y administrando el dinero que lleguase desde el Estado. A los fondos que proporcionaría el Estado habría que incluir las ayudas que se podrían pedir a la Unión Europea (UE) para crear o activar determinadas empresas donde podrían ser colocados o empleados los ex miembros de la organización terrorista.
Asimismo, los representantes del Gobierno facilitaron a los intermediarios de ETA un borrador con las líneas generales del plan de reinserción desarrollado por el CNI y dieron cuenta de la predisposición de los empresarios vascos para recolocar a todos aquellos que dejaran las armas.

Fuente: EL MUNDO

Multan con 3.100 euros a 67 escoltas por llevarse la pistola a su casa

La ley les obliga a depositar el arma en la empresa cuando no están de servicio Los guardaespaldas vizcaínos alegan falta de tiempo y motivos de seguridad.La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya ha elevado una propuesta de sanción a 67 escoltas privados con multa de 3.100 euros a cada uno por no depositar su pistola reglamentaria en el armero como exige la normativa. Los guardaespaldas, todos ellos trabajadores de la empresa Seguritas y que protegen a miembros de la Judicatura, políticos y empresarios amenazados, alegan falta de tiempo y motivos de seguridad para justificar esta práctica extendida en el sector. Además, Seguritas se enfrenta también a una sanción de 30.000 euros por el mismo motivo como responsable de la infracción, según confirmaron ayer fuentes de la Subdelegación vizcaína. El órgano que deberá resolver si la medida se hace firme es la Secretaría de Estado para la Seguridad, que depende del Ministerio de Interior. Recientemente, el colectivo de seguridad privada ha reclamado que se les conceda la licencia para poder portar el arma las 24 horas, al igual que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Inspección de Trabajo de Vizcaya respalda esta petición al considerar que los vigilantes se han convertido en «diana para un posible atentado terrorista», por lo que deben «autoprotegerse» también «una vez finalizado el servicio» diario.La sanción viene derivada de la denuncia de un antiguo trabajador contra la empresa por permitir a sus empleados esta costumbre, la de llevarse el arma a casa por la noche. Entonces, ETA aún no había anunciado la ruptura de la tregua (5-6-2007). La Guardia Civil, responsable del control de armas, realizó una inspección en las instalaciones de la empresa, ubicadas en el barrio getxotarra de Las Arenas, y descubrió que 67 de las casillas donde se guardan las armas aparecían vacías a pesar de que sus titulares no estaban trabajando en ese momento. «Ley obsoleta»La Ley de Seguridad Privada (23/1992) obliga a los vigilantes a «depositar sus armas reglamentarias al dejar de prestar protección a su protegido». «Es una ley que ha quedado obsoleta con respecto a la realidad de Euskadi. Está pensada para los vigilantes de seguridad de un centro comercial o de un blindado, que cuando terminan su trabajo no la necesitan, pero para la protección personal queda coja», denuncia José Luis Aparicio, secretario de organización y administración de la Federación de Servicios (FES) de UGT. Antes de recoger a su protegido, el escolta debe realizar lo que se conoce como «vigilancia preventiva», es decir, una batida por los alrededores del domicilio para detectar, por ejemplo, un vehículo sospechoso. Una vez que se comprueba que la zona está limpia, puede empezar el servicio. Esta norma básica de seguridad dura una media hora. No es un caso extraño que el guardaespaldas lleve a su casa al concejal o juez al que acompaña a las doce de la noche y tenga que volver a recogerle al día siguiente a las siete u ocho de la mañana. «Si encima tiene que ir hasta la empresa a dejar el arma, no daríamos seguridad porque el escolta se quedaría dormido», explica de forma gráfica Aparicio. Esta práctica, aunque prohibida, es habitual en el sector. «Son el escudo, el terrorista irá primero a por el escolta. No se les puede penalizar por llevar el arma fuera de servicio, es injusto y deja al trabajador indefenso». Los 67 escoltas sancionados, algunos de los cuales empezaron a recibir la notificación de la multa la semana pasada, disponen de quince días para recurrirla. «La administración no es consciente de la realidad del día a día. Nos sanciona quien nos paga, es absurdo», se queja un afectado.

FUENTE:elcorreodigital.com

Los escoltas solicitaran la licencia que les permite ir armados las 24 H

Los escoltas solicitaran la licencia que les permite ir armados las 24 H
Los escoltas de Navarra y País Vasco solicitarán la licencia que les permite ir armados las 24 horasLa licencia actual les obliga a dejar el arma a diario en la armería de su empresa, a veces muy alejada de su residenciaLos escoltas que prestan servicio en País Vasco y Navarra solicitarán en los próximos días la licencia del tipo B, conocida como de autoprotección, y que les habilita para ir armados las 24 horas del día, informaron fuentes de la Asociación Española de Escoltas (ASES). Hasta ahora, los escoltas tenían que acudir a la armería de su empresa a diario para devolver la pistola cuando finalizaban el servicio.Todas las empresas que tienen al menos 15 profesionales trabajando en una misma zona deben contar con una sede en la que se habilite una armería. Sin embargo, esas zonas pueden ser amplias y un escolta que trabaje en Alava o Guipúzcoa tiene que trasladarse a Bilbao a diario para devolver la pistola si allí se encuentra la sede de su empresa.Una inspección en los últimos días del Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil ha provocado la apertura de 63 expedientes a otros tantos escoltas, todos ellos de una misma empresa con sede en Vizcaya, por no haber depositado en la armería su pistola al término del servicio, informaron a Europa Press fuentes del sector de la seguridad.La sanción supondrá 3.100 euros a cada escolta y un total de 31.000 a la empresa afectada. Ante esta situación, la Asociación Española de Escoltas, mayoritaria en el sector, ha decidido ponerse en contacto con todos sus asociados para que soliciten la licencia del tipo B.TEMOR A UN ATENTADOEn el ánimo de los escoltas pesa el temor a ser víctimas de un atentado después de que ETA rompiera formalmente el alto el fuego el pasado 5 de junio. En el ámbito de la seguridad ha circulado durante todo el fin de semana un mensaje de móvil en el que se advertía del peligro de un atentado mediante el tiro en la nuca durante el fin de semana.Más allá de este tipo de alertas sin un origen claro, las Direcciones Adjuntas Operativas de Policía y Guardia Civil pidieron a los agentes el pasado viernes, a través de una circular interna, que extremasen las medidas de seguridad, recordándoles que el peligro de atentado terrorista de ETA había crecido tras la ruptura de la tregua. En la actualidad, alrededor de 1.800 escoltas privados prestan servicio en el País Vasco y otros 750 lo hacen en la Comunidad Autónoma de Navarra.

Fuente:Diario de Navarra.

La cúpula judicial vasca reclama que se les doble la escolta y se dote de un vehiculo a cada juez

La cúpula judicial vasca reclama que se les doble la escolta y se dote de un vehículo a cada juez


El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, y el máximo representante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto Tribunal vasco, Juan Luis Ibarra, han informado hoy de que ayer volvieron a reclamar a los responsables de Interior vascos que se les doble la escolta a los jueces vascos y quie se les dote de un vehículo a cada uno. Ambos expresaron su su satisfacción por la reunión que ayer mantuvieron representantes de la Judicatura con el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Mikel Legarda, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma.
Los responsables de Interior comunicaron a los jueces que estudiarán sus peticiones. Piñeiro e Ibarra también dijeron que las actuales medidas de protección de que disponen hacen que sean "víctimas más difíciles de ETA".
Ruiz Piñeiro, que presentó hoy la Memoria 2006, dijo que no teme que la movilidad de jueces que trabajan en el País Vasco aumente tras la ruptura de la tregua de ETA: "Llevamos ya suficientes años de experiencia en una situación como colectivo de riesgo y creo que lo que es que un juez se vaya de la comunidad Autónoma porque ETA tenga o no tenga actividad, a efectos porcentuales, estadísticos, numéricos, no tiene relevancia. Creo que ha tenido muy poca hasta la fecha, sin perjuicio de que pueda haber habido algún supuesto concreto en lo que haya sido un elemento significativo para moverse geográficamente".
Juan Luis Ibarra dijo que "en la carrera judicial hay una clara conciencia de que ser juez tiene un nivel de riesgo respecto de la amenaza terrorista. Este nivel de riesgo en los destinos en la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra es lo suficientemente superior como para que, tanto en el País Vasco como en Navarra haya un programa específico de seguridad personal de jueces y magistrados, además de fiscales".
Recordó que estas medidas comenzaron tras el asesinato del juez José María Lidón, en noviembre de 2001. " Para la organización terrorista ETA -dijo-, los jueces formamos parte de lo que ellos definen como enemigos existenciales, es decir, aquellos que se cifra que su desaparición es condición de éxito de lo que se propone en este caso la organización terrorista".
El presidente del TSJPV consideró que era necesario ese encuentro "para tener información de primera mano sobre cuál era la situación y qué cambio se había producido" tras la ruptura del alto el fuego, así como para valorar "cómo está el programa de protección de jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales".

Fuente: IzaroNews.com