Un sector sin parados.con muchas necesidades de formación y mano de obra

La crisis económica está teniendo una doble incidencia sobre el sector de la seguridad privada. Ya hay clientes que tratan de reducir costes fijos. Las asociaciones profesionales del sector dicen tener constancia de que, en algunas empresas lucenses, servicios que estaban cubiertos por vigilantes homologados han sido sustituidos por auxiliares que les cuestan casi la mitad.

Pero las crisis también generan inseguridad y, consiguientemente, un crecimiento de la demanda de servicios de seguridad por parte de aquellos que lo pueden costear.
Todo ello contribuye a que este sector no solo no tenga paro, sino que esté ofertando 20.000 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional.

Salarios

¿Por qué falta mano de obra en la seguridad privada? A pesar de que Roberto Lage, el presidente de la patronal en Galicia, asegura que «los trabajadores cobran unos salarios dignos, una media de 1.000 euros netos por 35 horas de trabajo semanales», los sindicatos y las asociaciones profesionales del sector coinciden en que ni los salarios ni las condiciones de trabajo son atractivas, porque son turnos de doce horas con mucho trabajo en fines de semana y festivos.

A pesar de que el sector cuenta con un convenio colectivo a nivel nacional que teóricamente homologa los salarios, en la actualidad hay más de 2.000 gallegos trabajando fuera, especialmente en Madrid, Barcelona, País Vasco y, coyunturalmente, en Zaragoza por la Expo.

Según Francisco Javier Bolón, representante sindical del sector por CC.?OO., un vigilante del Metro de Madrid puede ganar al mes 1.000 euros más que en Galicia. La patronal gallega admite que fuera se ofrecen determinados pluses -por vivienda, por ejemplo-, pero mantiene que aquí se cumple el convenio.

Sindicatos, trabajadores y patronal -al menos la gallega- coinciden en que una de las principales carencias del sector es el nivel de formación de los vigilantes.

«En formación estamos yendo a peor», reconoce David Castiñeiras. Sin embargo, paradójicamente, la patronal nacional demanda que se reduzca el tiempo de aprendizaje.

FUENTE:La voz de galicia.com

Euskadi y Navarra ensayan con éxito los escoltas para maltratadas

Ante el difícil reto de proteger a las mujeres víctimas de la violencia sexista, Euskadi y Navarra han ideado un sistema que hasta ahora ha cosechado buenos resultados: la contratación de escoltas privados para custodiar a aquellas mujeres que corren más riesgo de sufrir una agresión a manos de sus exparejas. Se completa así el trabajo de los cuerpos de seguridad públicos que, ante la magnitud del fenómeno, están desbordados.De hecho, en España hay unas 78.500 mujeres con órdenes de protección pero solo 1.600 agentes dedicados específicamente a su custodia. Interior subraya que en el 2004 eran 500 y que los miles de policías asignados a la seguridad ciudadana también atienden sus demandas. En cualquier caso, a la luz del número de agresiones, los medios son insuficientes, como han denunciado expertos y sindicatos policiales. Y en Catalunya el ratio es similar. Solo en el 2007 se dictaron 3.600 órdenes que deben de atender los aproximadamente 150 mossos que trabajan en unidades especializadas.Ante la escasez de agentes, el Gobierno vasco decidió hace cuatro años asignar a escoltas privados la protección de algunas víctimas, teniendo en cuenta la labor que los guardaespaldas han desarrollado en la protección de amenazados por ETA. Actualmente hay 15 mujeres escoltadas en Euskadi y una docena en Navarra. Y, según la Asociación Española de Escoltas (ASES), Castilla y León, Baleares, Valencia y Murcia se han interesado por el sistema.SOBRESALIENTELa puntuación que las víctimas hacen de esta protección, según una encuesta del Gobierno vasco, roza el sobresaliente. Y los hechos confirman su éxito: todos los intentos de agresión han sido repelidos, según ASES. Incluso el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado que, en casos "excepcionales", cuando falten agentes, se acuda a los guardaespaldas privados.La agrupación imparte cursos sobre la materia porque considera que los profesionales necesitan una formación extra a la que reciben para obtener la licencia. En dichas clases, según el portavoz de ASES en el País Vasco, Luis Mariscal, enseñan a los escoltas a que "no se involucren personalmente". "No obstante --añade--, les decimos que deben escucharlas, conocer sus miedos y ser un referente para ellas para poder detectar cualquier desequilibrio grave y derivarlo a un especialista".El representante de ASES concluye que las mujeres "se maravillan"þporque los escoltas se "anticipan", de forma que les impiden ver a los agresores. "A ellos les ayudamos a no delinquir, y a ellas, a no sufrir", precisa. Además, enseñan a las víctimas cómo comportarse en su ausencia: "Les aconsejamos que cambien de hábitos, que jamás les abran la puerta y que, si les ven, se metan en un sitio público y pidan ayuda".RELACIÓN DE CONFIANZASonia Franco, una dependienta de San Sebastián que ha vivido escoltada durante más de un año, confirma esta versión. Para ella, acostumbrarse a vivir así fue "muy raro", pero después vio que le aportaba "estabilidad". "Al final --resume--, llegas a tener confianza en él y le cuentas casi todo".No obstante, tanto víctimas como escoltas consideran que el sistema es mejorable. "Solo es una tirita para cortar la hemorragia", afirma Mariscal. Para ella, "es la única medida que de verdad puede garantizar la vida de las mujeres, aunque se puede mejorar". Franco lucha para que le vuelvan a poner guardaespaldas, ya que le fue retirado --y a otras tres mujeres-- porque, según la Ertzaintza, disminuyó el riesgo. Pero ella cree que el argumento de que en el último año no han sido agredidas no es válido, pues iban escoltadas.También critica que se hayan "perdido" los informes que su guardaespaldas hizo sobre las ocasiones que su expareja intentó acercarse a ella, por eso cree que el sistema mejoraría si la Ertzaintza contratara a los escoltas directamente, y no a través de las empresas, para reducir trámites y costes.

Fuente: el periodico.com

El numero de vigilantes privados en Galicia supera ya el de policias

El número de vigilantes privados en Galicia supera ya al de policías
El sector gallego ronda los 6.000 empleos y factura 130 millones de euros solo en seguridad
La Administración es el principal cliente de estas empresas y supone el 40% de su cuota de mercado
Cada vez que un ciudadano intenta acceder a la sede de un organismo público, a un hospital, un banco, un centro comercial, un aeropuerto, una estación de tren o de autobuses, incluso a un centro de salud, es difícil que no se encuentre con un señor uniformado, armado al menos con una porra, y/o una cámara de seguridad que no le quita el ojo de encima.
No son policías ni guardias civiles, sino los vigilantes de seguridad, cada día más integrados en el paisaje urbano gallego, donde las tasas de delincuencia están muy por debajo de la media nacional. Son el más claro exponente del negocio generado por el miedo, una de las características de las sociedades desarrolladas modernas. Galicia, al menos en esto, ya se ha subido al carro de la modernidad.
Este pequeño ejército de vigilantes en constante crecimiento ya supera con creces al número de policías nacionales adscritos a las distintas plantillas de la comunidad autónoma (2.992) y al de policías locales (2.572).
Existen 4.448 vigilantes de seguridad homologados, pero si se le suman las plantillas de jefes y directores de seguridad, escoltas, vigilantes de explosivos, encargados de transporte de fondos, centrales de vigilancia y detectives, el número total de personas de la seguridad privada en Galicia se aproxima al de la Guardia Civil, que tiene destinados 5.000 hombres y mujeres en la comunidad gallega.
Pero si además se computasen los auxiliares de servicios, que oficialmente no son vigilantes de seguridad, pero que están desempeñado esa función en el 30 o el 40% de los casos, según las asociaciones profesionales del sector, entonces pasaría a ser el colectivo más numeroso dedicado a estas actividades, con cerca de 6.000 empleos.
Facturación
El miedo a perder lo que se tiene, incluida la vida, y la sensación de inseguridad, al menos subjetiva, generada por la suavidad con que el sistema punitivo vigente castiga los delitos contra la propiedad, son el caldo de cultivo en el que ha nacido y crecido de forma espectacular un sector que ha facturado el año pasado 3.347 millones de euros a nivel nacional -130 millones en Galicia- y que crece a un ritmo de casi el 10% cada ejercicio.
En la comunidad, el principal cliente de las empresas de seguridad privada, especialmente en servicios de vigilancia, son las distintas Administraciones y empresas públicas, pero muy especialmente la autonómica. Paradójicamente la mayoría de estos contratos se los llevan las grandes empresas del sector con domicilio fiscal fuera de Galicia y que aquí se limitan a mantener delegaciones.
El sector público supone el 40% de la facturación de las 47 empresas que ofertan servicios de seguridad privada. El resto se lo reparten la industria, las entidades financieras, el comercio y los particulares. Este porcentaje está diez puntos por encima de la media nacional y da trabajo a una buena parte de los cerca de 4.500 vigilantes de seguridad homologados que en la actualidad prestan servicio en Galicia, según datos de la unidad territorial de seguridad privada de la Policía Nacional, que es la encargada de supervisar las empresas del sector.

Fuente: la voz de galicia.es

Hay casi tantos guardas jurados como policias nacionales y guardias civiles

Málaga.- Las causas están relacionadas con el auge de la construcción y la percepción de inseguridad.El incremento de vigilantes privados ha sido del 62% desde 2005.Policías Nacionales y Guardias Civiles han crecido un 31 y 15%, respectivamente, en la pasada legislatura.Eran unos 2.700 en el año 2005. Actualmente, unos 4.400 vigilantes privados trabajan en la provincia de Málaga, según la Asociación de Empresas de Seguridad de Málaga (AESM) y la Comisaría Provincial de Policía.No sólo han aumentado un 62%, sino que los guardas jurados prácticamente igualan en número a los policías nacionales y guardias civiles de la provincia, 2.590 y 2.029 respectivamente, de acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno.La percepción de inseguridad y la construcción han 'alimentado' la vigilancia privadaEl incremento en la plantilla de Policía Nacional en la pasada legislatura fue del 31%, mientras que en la Guardia Civil rondó el 15%. Según la Comisaría provincial, son 5.469 las personas autorizadas para ejercer la vigilancia privada en Málaga, aunque la AESM matiza que el 20% de ellos está empleado en otros sectores o en el paro.A esto habría que sumar los policías locales (sólo en Málaga capital hay 980) y los auxiliares de seguridad. Sobre estos últimos, la Policía Nacional advierte que no son una figura regulada por la legislación y por tanto no pueden ejercer funciones de vigilancia.El hecho de que su uniforme se asemeje al de un vigilante de seguridad no significa que lo sean ni que tengan la formación necesaria para ello, señalan fuentes policiales.AESM no facilita datos sobre los auxiliares, aunque en 2005 los cifraba en unas 2.000 personas y criticaba su intrusismo.Las causas del auge de la vigilancia privadaEl apogeo del sector de la construcción ha ayudado a que las peticiones de servicios a las empresas de seguridad se multipliquen, según AESM. Los vigilantes se encargan de la seguridad de las obras por la noche, por ejemplo.Además, las urbanizaciones contratan cada vez más a guardas jurados, lo cual está relacionado con un incremento en la percepción de inseguridad de los ciudadanos, más que con un aumento real de la inseguridad, indican fuentes policiales.A pesar de este boom, el presidente de la AESM, Federico Sánchez, afirma que en los últimos seis meses se está viviendo un «estancamiento o ralentización» en el sector derivado de la crisis en la construcción.
FUENTE:
www.20minutos.es

Usuarios de Metro ligero pegan a cuatro vigilantes que les pidieron el billete

Usuarios de Metro Ligero pegan a cuatro vigilantes que les pidieron el billete
EUROPA PRESS. 14.05.2008
El metro ligero del Oeste conecta Colonia Jardín con Boadilla del Monte y Aravaca.
UGT denuncia dos agresiones, en Montepríncipe y Ciudad de Cine.
Los violentos querían grabar los golpes con el móvil.
Causaron heridas y lesiones a los guardas de seguridad.
Minuteca todo sobre:
Metro de Madrid
Cuatro empleados de Metro Ligero Oeste fueron agredidos a principios de este mes mientras realizaban su trabajo en la línea 3 de este transporte, según denunció UGT. Los vigilantes están preocupados por su seguridad tras la publicación de vídeos de agresiones de guardias a usuarios.
El portavoz de este sindicato en Metro Ligero Oeste, Juan Angel Rodríguez, explicó que la primera de las agresiones tuvo lugar entre la tarde y la noche del sábado 3 de mayo en la parada de Montepríncipe, cuando dos inspectores de la empresa estaban fiscalizando los billetes y se los pidieron a tres usuarios.
Uno de los trabajadores cayó al suelo de un golpe
Estas tres personas, dos de ellos mayores de edad y un tercero a pocos días de cumplir los 18 años, se negaron a entregar a los inspectores los billetes y les agredieron, provocando en uno de ellos, según el parte médico, una herida de ceja en el ojo izquierdo, un hematoma en el párpado superior, una hemorragia en la zona temporal de ojo y una contusión torácica con sutura de cuatro puntos.
Rodríguez señaló que el otro trabajador cayó al suelo de un golpe y tuvo que ser atendido por una herida en la ceja izquierda donde le dieron tres puntos.
Los agresores fueron inmediatamente identificados porque los inspectores pudieron hacerse con el abono de transporte de uno de los ellos y las cámaras de seguridad grabaron toda la actuación. Tanto las víctimas como la propia empresa ha interpuesto la denuncia correspondiente.
A puñetazos contra los guardas
Por otro lado, el portavoz de UGT indicó que la otra agresión tuvo lugar a la semana siguiente, el pasado sábado 10 de mayo, a la altura de la parada, también de la línea 3, de Ciudad de Cine, la correspondiente a los cines Kinépolis.
La agresión comenzó cuando un grupo de jóvenes de alrededor de 20 años comenzaron a golpear (con puñetazo incluido) a dos inspectores que estaban dentro del vagón con el objetivo de grabarlos con el móvil. Inmediatamente se personaron los agentes de seguridad de los cines, quienes retuvieron a los jóvenes hasta que llegó la Policía, y tras tomarles los datos, los dejaron marchar.
FUENTE: WWW.20MINUTOS.ES

La inseguridad y los grandes eventos hacen aumentar un 20% la contratación de seguridad privada

Comunidad Valenciana:

Varios vigilantes de seguridad premiados, ayer, en el Palau de la Música.
La inseguridad ciudadana y los grandes eventos que se llevan a cabo en la Comunitat. Estos son los dos principales factores que han hecho que el mercado de la seguridad privada se encuentre en uno de sus mejores momentos. Las cifras así lo reflejan. En un año el sector ha crecido cerca de un 20% y los valencianos desembolsaron 270 millones de euros en la contratación de este servicio el pasado 2007. Las expectativas continúan siendo altas.La seguridad privada vivió ayer su gran día con un acto que conmemoraba, por primera vez en la Comunitat, su labor diaria. El Palau de la Música se convirtió en el escenario de este evento en el que se entregaron 200 menciones honoríficas a vigilantes de seguridad por su brillante labor. El sector ha experimentado un fuerte impulso en los últimos cinco años. Numerosos empresarios señalaron ayer a LAS PROVINCIAS el buen momento por el que atraviesan estas empresas. "Podríamos decir que la demanda ha crecido un 15% respecto a 2007. Eventos como la Volvo Ocean Race o la Copa América han ocasionado que se contrate más seguridad. Además, tampoco hay que olvidar la inseguridad, que cada vez hay más. Si el ciudadano no se siente protegido busca los medios para protegerse", explicó Eduardo Téllez, delegado gerente de HSI en la Comunitat. En la misma línea se mostró M. ª Jesús Castells, jefa de servicios de Seguridad Promasa. "Cada día se contrata más seguridad. Los robos en urbanizaciones o en fábricas, entre otros casos, han ocasionado una fuerte demanda del servicio".La Comunitat cuenta actualmente con 144 empresas de seguridad, 9.889 vigilantes, 740 escoltas, 341 directores de seguridad y 138 detectives. "Los valencianos gastaron cerca de 270 millones de euros en seguridad privada el pasado año. En este cantidad se incluye vigilancia, sistemas informáticos de control o protección personal", afirmó Fernando Lucas, responsable de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER).Durante la gala, que abarrotó las casi 500 sillas de la sala Rodrigo y que obligó a habilitar una sala adicional, el jefe superior de la Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Rubio, reconoció "el trabajo que realizan los efectivos de la seguridad privada". Rubio aseguró que la prevención no se logra "sin la cooperación", entre la seguridad pública y privada. Además, indicó que este tipo de servicio "tiene y tendrá en un futuro un importante papel en la seguridad de los ciudadanos".El reconocimiento dejó muy satisfechos a los profesionales del sector. "La Policía, al final, ha reconocido la colaboración que tiene con nosotros y la ayuda que les prestamos. Estamos muy satisfechos por ello", afirmó Ildefonso Fernández, director de seguridad de Werser, empresa de seguridad de la Comunitat Valenciana.

Fuente:rsanchis@lasprovincias.es

PP Pedira el Miercoles en el Parlamento a la Junta que ponga en marcha el Plan de seguridad para mujeres maltratadas

El PP defenderá el miércoles ante el primer Pleno del Parlamento ordinario de la nueva Legislatura una proposición no de Ley en la que insta a la Junta a que ponga en marcha, con carácter urgente y en colaboración con el Gobierno central, el Plan de seguridad personal para mujeres maltratadas que se contempla en la Ley andaluza contra la violencia de género, con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para garantizar la seguridad y protección de las víctimas. En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP también reclama a la Junta que inicie los trámites oportunos con otras administraciones de manera que en este plan cooperen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Local, la Policía Autonómica e incluso la seguridad privada, si fuera preciso. Sobre este último punto, el grupo popular demanda a la administración autonómica que habilite los créditos presupuestarios necesarios para que las víctimas de violencia de género puedan ser protegidas a través de la seguridad privada.
Otra petición del PP a la Junta es que exija al Gobierno de la nación que, antes de que finalice el presente año, en todos los partidos judiciales de Andalucía haya un juzgado específico de violencia de género, dotado con personal especializado.
En su iniciativa, el PP admite que actualmente se están llevando a cabo medidas para intentar paliar los casos de violencia de género, si bien, a su juicio, es una 'evidencia que tales medidas no son ni suficientes ni eficaces para erradicar las agresiones y los asesinatos, especialmente las relativas a la seguridad, dado el número tan elevado de mujeres que han perdido la vida en la comunidad por motivos de violencia de género'.
Ante estos hechos, según los populares, resulta conveniente realizar un 'balance realista de la situación', de manera que Gobierno central y Junta de Andalucía deben de abandonar la 'autocomplacencia y admitir que no se han puesto en marcha medios suficientes para proteger a las víctimas, ya que muchas de las medidas previstas todavía no se han implantado completamente, mientras que no se están dedicando recursos económicos, materiales y humanos suficientes para combatir la violencia de género ni se está priorizando la prevención'.
Para el PP, la violencia de género tiene solución y, 'sin menoscabo del conjunto de medidas de todo orden susceptibles de ponerse en marcha para erradicar la violencia de género, las relativas a la protección y seguridad de las mujeres deben ser prioritarias'. 'La libertad es el valor supremo de la Constitución y los poderes públicos están obligados a preservarla y defenderla', indica el grupo popular.
Asimismo, mostró su preocupación por el hecho de que los juzgados específicos para casos de violencia de género en Andalucía se encuentren 'colapsados' porque sólo se ha puesto en marcha el 'diez por ciento del total de los 85 juzgados de violencia que la Ley integral contra la violencia de género determina que deben funcionar en la comunidad autónoma'.
Añadió que la red de centros de emergencia, casas de acogida, pisos tutelados y demás recursos con que cuenta Andalucía en la actualidad 'resultan insatisfactorios para la efectiva atención a la mujer maltratada'

Fuente: Terra Actualidad Europa Press
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El poder Judicial denuncia 270.000 sentencias penales sin aplicar

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 269.450 la sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España, a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.Bermejo niega el "caos generalizado" pero acepta que los procesos son "duraderos" Se trata de un exhaustivo informe elaborado por el Servicio de Inspección del Poder Judicial y que será discutido este jueves en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces. En él se ofrece que, de esas casi 270.000 sentencias que se encontraban en "situación de pendencia" a la conclusión del pasado año, el 70,25% (189.280) están en los Juzgados de lo Penal y el 29,74% restante (80.125) en los Juzgados Especializados.Carga de trabajo"La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de Órganos", denuncia el estudio, que además señala que se sobrepasa la media del registro en un 21% en Madrid, en el 52,24% en Barcelona, en el 99,62% en Valencia, en el 82,30% en Palma de Mallorca, en un 80% en Bilbao, y en un 4,10% en San Sebastián.Así, por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000, y la Comunidad de Madrid con 37.500. En ese sentido, el Poder Judicial estima que "los anteriores datos inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".La situación de estos juzgados esta lejos de "lo que podría conceptuarse dentro de parámetros normalizados". No obstante, comparando la situación del año 2005 con la del año pasado, "puede apreciarse cierta mejora, dado que se ha producido una disminución de los casos pendientes "en un 23,1% en Madrid, en un 25,9 % en Barcelona, en un 21,5 % en Valencia y en un 23,7 % en Bilbao". Sin embargo, "en aquellos Juzgados que han carecido de medidas de refuerzo" la cosa ha ido a peor: "en San Sebastián aumentó en un 54,43% y en Palma de Mallorca en un 26,29%.Ausencia de sistema informáticoUn punto negro que destaca el informe de los Juzgados Penales de Ejecutorias es "la ausencia de un sistema informático propio que permita controlar las distintas fases procesales de los procedimientos". La carestía informática incide "de forma negativa" en el funcionamiento de estos juzgados. En este sentido, se solicita el establecimiento de una "serie de alarmas, de modo que se generasen avisos automáticamente".El objetivo de estas alarmas sería "prevenir al Magistrado, al Secretario Judicial y a los propios Funcionarios encomendados del expediente de determinadas situaciones", entre las que se destacan las prescripciones "de Buscas y Capturas, Liquidaciones de penas privativas de libertad, Licenciamientos de penas privativas de libertad, Suspensiones de penas privativas de libertad, Extinción de privaciones de otros derechos, Incumplimientos de pago de penas económicas", entre otras. Por ello, entre las propuestas del informe se subraya la importancia de un sistema informático "de gestión procesal propio".Enrique López, portavoz del Poder Judicial, ha declarado que es "fundamental" la inclusión de un sistema informático eficaz ante la montaña burocrática, para evitar "hechos como los que desgraciadamente se han producido en los últimos tiempos", en alusión a la cadena de errores judiciales que evitaron que el supuesto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, estuviera en prisión a pesar de que tenía dos sentencias por abusos sexuales a menores.El estudio desgrana algunas de los problemas que padecen los juzgados: "elevadísima movilidad funcionarial, lo que ha determinado que entre el 10% al 90% de la Plantilla Funcionarial de estos Juzgados este cubierta por personal interino", además la "falta de experiencia del personal adscrito en el orden jurisdiccional penal, así como "cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad". Asimismo, se considera "claramente insuficiente" el equipo rector de cada uno de los órganos analizados, "constituido por un único Magistrado y un único Secretario Judicial".Según un informe de inspección del órgano de los jueces, la peor parte se la lleva Cataluña, con 56.000 casos pendientes de ejecutar .

FUENTE.WWW.ELPAÍS.COM.

EEUU no podria seguir en Irak sin las empresas de seguridad privada

La ocupación de Irak se ha convertido en una pesadilla para EE UU, pero sin las polémicas empresas de seguridad privadas, como Blackwater, que han desembarcado en el país árabe, la situación sería todavía mucho peor para Washington. Tanto, que la derrota sería inmediata. Así lo cree Jeremy Scahill (Chicago, 1974), probablemente el periodista que más ha estudiado el auge de estas empresas que hoy actúan con impunidad en Irak y sueñan con ocupar mañana el papel de los cascos azules en el mundo entero."Las empresas de seguridad privada han permitido a EE UU doblar sus efectivos y han estado en el centro de algunos de los peores episodios de violencia en Irak. Sin estos mercenarios, EE UU no podría continuar con la ocupación", sostiene Scahill, que se encuentra en Madrid para presentar Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo (Paidós)."Actualmente, hay en Irak más de 170 empresas de mercenarios como Blackwater. La cifra es casi equivalente a los países miembros de Naciones Unidas. Sin duda hay un esfuerzo para minar el poder de los Estados y la amenaza es especialmente importante para los Estados débiles", añade.El libro destripa los secretos de Blackwater, una pequeña empresa provinciana de Carolina del Norte convertida en pocos años en una auténtica multinacional llamada a una misión mucho más ambiciosa que la pacificación de Irak: la privatización de la guerra. La lógica de este modelo, impulsado por George W. Bush, Donald Rumsfeld y Dick Cheney pero gestada ya en la Administración de Bill Clinton, supone, en opinión de Scahill, una deriva "peligrosísima": "El control democrático se reduce y se incentiva la guerra: los gobiernos no van a necesitar más a su pueblo para luchar; sólo se requiere dinero. La guerra se convierte en negocio y el negocio es algo bueno", sostiene el periodista, colaborador habitual de The Nation, uno de los emblemas de la izquierda estadounidense. Y añade: "Los países ricos pueden reclutar a pobres de todo el mundo y utilizarlos como carne de cañón para conquistar naciones débiles".Como documenta Scahill, Blackwater recluta en todo el mundo y se nutre de gente con años de experiencia en contrainsurgencia; proscritos quizás en el pasado pero perfectamente reciclados para la "guerra global contra el terrorismo": chilenos vinculados a Pinochet y surafricanos formados en el apartheid son ahora la punta de lanza de esta empresa mundial dirigida por cristianos renacidos. ¿Cambiaría algo una victoria electoral demócrata? "No; esta industria cuenta con apoyo bipartidista", concluye rotundo

FUENTE:www.elpais.com