Multan con 3.100 euros a 67 escoltas por llevarse la pistola a su casa

La ley les obliga a depositar el arma en la empresa cuando no están de servicio Los guardaespaldas vizcaínos alegan falta de tiempo y motivos de seguridad.La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya ha elevado una propuesta de sanción a 67 escoltas privados con multa de 3.100 euros a cada uno por no depositar su pistola reglamentaria en el armero como exige la normativa. Los guardaespaldas, todos ellos trabajadores de la empresa Seguritas y que protegen a miembros de la Judicatura, políticos y empresarios amenazados, alegan falta de tiempo y motivos de seguridad para justificar esta práctica extendida en el sector. Además, Seguritas se enfrenta también a una sanción de 30.000 euros por el mismo motivo como responsable de la infracción, según confirmaron ayer fuentes de la Subdelegación vizcaína. El órgano que deberá resolver si la medida se hace firme es la Secretaría de Estado para la Seguridad, que depende del Ministerio de Interior. Recientemente, el colectivo de seguridad privada ha reclamado que se les conceda la licencia para poder portar el arma las 24 horas, al igual que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Inspección de Trabajo de Vizcaya respalda esta petición al considerar que los vigilantes se han convertido en «diana para un posible atentado terrorista», por lo que deben «autoprotegerse» también «una vez finalizado el servicio» diario.La sanción viene derivada de la denuncia de un antiguo trabajador contra la empresa por permitir a sus empleados esta costumbre, la de llevarse el arma a casa por la noche. Entonces, ETA aún no había anunciado la ruptura de la tregua (5-6-2007). La Guardia Civil, responsable del control de armas, realizó una inspección en las instalaciones de la empresa, ubicadas en el barrio getxotarra de Las Arenas, y descubrió que 67 de las casillas donde se guardan las armas aparecían vacías a pesar de que sus titulares no estaban trabajando en ese momento. «Ley obsoleta»La Ley de Seguridad Privada (23/1992) obliga a los vigilantes a «depositar sus armas reglamentarias al dejar de prestar protección a su protegido». «Es una ley que ha quedado obsoleta con respecto a la realidad de Euskadi. Está pensada para los vigilantes de seguridad de un centro comercial o de un blindado, que cuando terminan su trabajo no la necesitan, pero para la protección personal queda coja», denuncia José Luis Aparicio, secretario de organización y administración de la Federación de Servicios (FES) de UGT. Antes de recoger a su protegido, el escolta debe realizar lo que se conoce como «vigilancia preventiva», es decir, una batida por los alrededores del domicilio para detectar, por ejemplo, un vehículo sospechoso. Una vez que se comprueba que la zona está limpia, puede empezar el servicio. Esta norma básica de seguridad dura una media hora. No es un caso extraño que el guardaespaldas lleve a su casa al concejal o juez al que acompaña a las doce de la noche y tenga que volver a recogerle al día siguiente a las siete u ocho de la mañana. «Si encima tiene que ir hasta la empresa a dejar el arma, no daríamos seguridad porque el escolta se quedaría dormido», explica de forma gráfica Aparicio. Esta práctica, aunque prohibida, es habitual en el sector. «Son el escudo, el terrorista irá primero a por el escolta. No se les puede penalizar por llevar el arma fuera de servicio, es injusto y deja al trabajador indefenso». Los 67 escoltas sancionados, algunos de los cuales empezaron a recibir la notificación de la multa la semana pasada, disponen de quince días para recurrirla. «La administración no es consciente de la realidad del día a día. Nos sanciona quien nos paga, es absurdo», se queja un afectado.

FUENTE:elcorreodigital.com